Piden penas que suman más de 250 años para 16 personas acusadas de cometer 27 delitos relacionados con robos y drogas
El 'macrojuicio' contra la presunta mafia policial inicia este lunes en la Audiencia Provincial de Murcia
Audiencia Provincial de Murcia / CADENA SER
Murcia
Este lunes comienza el juicio para los 16 acusados, entre los que se encuentra un Inspector Jefe de Policía, su predecesor, y cuatro agentes, dos de Policía Local y dos de Policía Nacional, de cometer hasta 27 delitos relacionados con robos, extorsión y tráfico de drogas.
La Fiscalía ha pedido penas que superan los 274 años de prisión, multas para algunos de los acusados que ascienden a los 171.000 euros e inhabilitación absoluta para varios de ellos.
Los hechos se remontan al año 2013, cuando la Unidad de Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policía inició investigaciones en torno a uno de los acusados, sobre la sospecha de que, él mismo en unión de otras personas, se dedicaba a sustraer drogas y dinero a terceros que eran luego objeto de reparto.
Al mismo tiempo, mantenía estrechas relaciones con diferentes agentes del CNP y de Policía Local de Murcia, para quienes actuaba como informador o confidente, facilitándoles informaciones sobre personas dedicadas al narcotráfico, pero con los que también colaboraba en sustracciones de drogas, dinero o joyas aprehendidas en operaciones policiales, con el posterior reparto de beneficios entre los participantes.
Las vigilancias previas verificaron la inexistencia de trabajo alguno del citado acusado y su hermano, que pese a ello llevaban un nivel de vida costoso, y se relacionaban con personas y lugares relacionadas con actividades delictivas, especialmente narcotráfico.
Además, este acusado era un colaborador estable, aunque no siempre oficializado, del Cuerpo Nacional de Policía y de algunos agentes de Policía Local de Murcia, pasando información sobre actividades delictivas varias y especialmente tráfico de drogas, dada su estrecha proximidad a este tipo de actividades.
Incluso alardeaba de sus evidentes relaciones con agentes policiales, extorsionando a terceros de forma violenta para obligarles a entregarle dinero, bajo la amenaza de colocarles droga en su casa o vehículos y provocar luego una intervención policial.
Gracias a sus actividades ilegales mantenidas a lo largo de años gozaba de un cierto status económico, especialmente en República Dominicana y Bolivia, dando salida al dinero que ilícitamente obtenía mediante envíos por locutorios.
