La Plataforma de Mujeres Expulsadas de la Sanidad Pública insiste en que el SMS sigue derivando todos los abortos a la sanidad privada incumpliendo la Ley del Aborto

Murcia

Desde la Plataforma de Mujeres Expulsadas de la Sanidad Pública insisten en que todos los abortos que se realizan en la Región de Murcia se están derivando a la sanidad privada cuando la Ley del Aborto contempla que se tiene que garantizar la asistencia a través de la sanidad pública. De hecho, un informe del Defensor del Pueblo de hace justo un año recogía que la Región de Murcia, junto a Madrid y Extremadura, es una de las comunidades autónomas donde el 100% de estas intervenciones se realizan en centros privados.

Dice esta portavoz que todo obedece a cuestiones ideológicas, "hay una objeción de conciencia institucional y política, no médica". La portavoz de Mujeres Expulsadas de la Sanidad Pública afirma que existe un "lobby de poder" de dos o tres personas colocadas en puestos estratégicos en la unidad de Medicina Fetal y del Comité Clínico Ético que son los responsables de esta serie de trabas y a su vez son los responsables del concierto que mantiene la Consejería de Salud con las clínicas privadas.

Además, critica que "con los ochos millones de euros que ha costado concertar este tipo de intervenciones en clínicas privadas, el Gobierno murciano podría haber creado una unidad totalmente competente con ginecólogos que atiendan este tipo de casos". "La objeción de conciencia ya no es excusa para no realizar interrupciones de embarazo en la sanidad pública, la ley no lo permite", asegura.

Por su parte, la Asociación de Usuarios de la Sanidad también aplaude la sentencia, "que ratifica que el Servicio Murciano de Salud incumple la normativa establecida y vulnera el derecho a la interrupción del embarazo". Esta organización destaca que el tribunal echa para atrás "la consabida respuesta del SMS" sobre la supuesta ausencia de profesionales dispuestos a practicar abortos. "Se ha demostrado que no es así, los hay y no existe ese problema. Lo que sí existe, y el Servicio Murciano de Salud debería impedirlo de forma inmediata, son presiones a profesionales, retrasos graves en diagnósticos" y "falta de información completa a madres gestantes para impedir que aborten", advierte la asociación.

El año pasado se practicaron alrededor de 2.500 interrupciones del embarazo en nuestra comunidad autónoma, según cifras de la Consejería de Salud. Desde hace dos años, todas las interrupciones de embarazo se realizan en la Región de Murcia y ninguna mujer es derivada a otra comunidad, asegura este departamento.

En nuestra comunidad autónoma, desde 2022, la Consejería de Salud adjudicó la contratación de los servicios sanitarios para la interrupción voluntaria del embarazo a tres clínicas privadas, por un importe de 6,5 millones de euros. Según este departamento, "se han incorporado mejoras sustanciales en los nuevos contratos con estas clínicas, que mejoran las condiciones y garantías sanitarias y psicosociales para la mujer, y son supervisados en cualquier caso por el sistema público".

Sobre cuántos médicos se han inscrito en el registro de objetores de conciencia en la ley del aborto, hay 39 profesionales registrados en toda la Región, y de ellos 38 son médicos de diferentes especialidades. El total de ginecólogos con los que cuenta el SMS es de 180.