La huelga en la administración de justicia aplaza el juicio contra una macrogranja porcina en Puerto Lumbreras denunciada por Ecologistas en Acción

Los paros que desde hace semanas vienen protagonizando los letrados y los secretarios judiciales en los juzgados de la Región de Murcia han motivado el aplazamiento de declaraciones que habían suscitado gran interés mediático. Entre ellos se encuentra el testimonio, previsto para el pasado martes 28 de febrero, del promotor de la ampliación de una explotación porcina en el municipio de Puerto Lumbreras, que fue denunciado por Ecologistas en Acción en 2020.

El origen de este procedimiento se remonta a julio de 2020, cuando el colectivo ecologista denunció ante el consistorio lumbrerense la ampliación sin licencia de una granja porcina, ubicada en el paraje de rambla Vilerda, que pasó a tener 15.000 metros cuadrados. La mitad de esta superficie ya estaba ocupada por una explotación, que tenía autorización porque así lo permitía la norma de la época en que se levantó, y habría sido demolida en gran parte para ser levantada de nuevo, duplicando su extensión.

Se da la circunstancia de que en 2015 fue suspendido el Plan General Municipal de Ordenación (PGMO) y que, desde entonces, el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras no ha procedido a su aprobación, por lo cual seguirían vigentes las normas subsidiarias que permiten que las nuevas construcciones tengan una superficie máxima de mil metros cuadrados. Ello estaría originando serios problemas medioambientales, entre los que se incluye la generación y deficiente eliminación de purines.

ORIGEN DE LA DENUNCIA

En diciembre de 2020 fue reiterada la denuncia ante el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, y en abril de 2021 el grupo Ecologistas en Acción interpuso la denuncia ante el juzgado de instrucción nº 7 de Lorca al entender que el consistorio había hecho caso omiso de sus solicitudes de información y no se había incoado ningún expediente de infracción urbanística por esta causa.

El colectivo ecologista denunciante considera que no solo se ha infringido la legislación urbanística, sino que, al ampliarse la capacidad de producción de la granja, la mayor parte de los animales que albergan las instalaciones (aquellos que se ubican como consecuencia del exceso de superficie de la explotación) están fuera de los controles de la administración, dado que no constan en ningún lugar, puesto que tienen su origen en una granja de la que no se tiene constancia oficial.

La denuncia señala, entre las presuntas irregularidades, "la producción de lechones por encima de la capacidad autorizada en las explotaciones de porcino de madres. Implica una irregularidad puesto que el número de cabezas de ganado existente en la granja es muy superior al que la explotación tiene concedido en la licencia municipal y en el Registro de la Consejería de Agricultura y Ganadería y en el registro de la Oficina Comarcal Agraria".

En los hechos denunciados el colectivo ecologista señala, además de al promotor de la granja y al Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, a veterinarios, transportistas, a empresas receptoras de los lechones y a la Consejería de Ganadería del gobierno regional.