Yolanda Muñoz y Antonio Sevilla declararán en el juzgado el día 3 de marzo por la investigación en el Puerto de Cartagena
Se producen después de que las inicialmente señaladas para el pasado 24 de febrero no pudieran practicarse por la huelga de letrados
Autoridad Portuaria de Cartagena / Autoridad Portuaria
Cartagena
La expresidenta de la Autoridad Portuaria de Cartagena Yolanda Muñoz y su antecesor en el cargo, Antonio Sevilla, declararán como investigados el 3 de marzo en el juzgado de instrucción de aquella ciudad que investiga un presunto caso de corrupción en la adjudicación de contratos y servicios, y en la contratación de personal.
Estas nuevas citaciones se producen después de que las inicialmente señaladas para el pasado 24 de febrero no pudieran practicarse por la huelga que desde hace más de un mes mantienen los letrados de la Administración de Justicia.
Ese mismo día tres declararán también en igual condición otros dos investigados, mientras que para la jornada del día dos están convocado por el juzgado otros cuatro.
En el auto por el que el juzgado de Instrucción admitía a trámite la denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción y acordaba abrir diligencias se indicaba que los hechos recogidos en la misma podrían ser constitutivos, en principio, de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, revelación de secretos y uso de información privilegiada, entre otros.
Los hechos que son sometidos a la investigación judicial tienen que ver con la presunta contratación irregular de personal y la adjudicación de obras y servicios para favorecer, supuestamente, a determinadas empresas.
Muñoz ha encargado su defensa al letrado Raúl Pardo-Geijo, mientras que Sevilla será defendido por los igualmente penalistas murcianos Miguel Pardo y Pablo Pérez Sola.
Por otro lado, se ha rechazado la personación en calidad de acusación popular del partido político PSOE, y los sindicatos CCOO y UGT, en tanto no se acredite la existencia de acuerdo orgánico en tal sentido, esto es la autorización de los órganos de cada sindicato, así como la presentación de fianza de 15.000 euros.
