CCOO y UGT tendrán que abonar 15.000 euros por personarse en el proceso judicial sobre irregularidades en el Puerto de Cartagena
Así lo recoge el auto del Juzgado de Instrucción que investiga estos hechos y que además le obliga a contar con la aprobación de sus órganos colegiados para participar en este proceso como acusación particular
Juzgados de Cartagena / Radio Cartagena
Cartagena
Los delegados sindicales de UGT y CC.OO. no podrán intervenir como acusación popular en el caso de presunta corrupción en el que figuran como investigados dos expresidentes de la Autoridad Portuaria de Cartagena hasta que sus correspondientes órganos colegiados acuerden participar en el proceso judicial en esa condición.
Así lo dispone un auto del juzgado de Instrucción que investiga los hechos que les ha dado un plazo improrrogable de diez días para que acrediten la existencia de ese acuerdo, además de indicarles que cada organización sindical deberá prestar una fianza de 15.000 euros.
Señala la resolución judicial que al participar en nombre de una persona jurídica ello determina que será esta la que tendrá que asumir las consecuencias de todo orden que puedan derivarse de esa decisión, desde el pago a profesionales y abono de las costas hasta la posibilidad de afrontar un proceso por acusación o denuncia falsa.
El juzgado, añade que es preciso que la decisión de personarse como acusación popular sea aprobada por los miembros que representan a la organización, “y no por la mera y sola voluntad del delegado sindical”, entre cuyas facultades, señala el auto, no figura la de constituirse en acusación popular.
Diego Zaplana delegado sindical de CCOO en el Puerto de Cartagena afirma que tanto su sindicato, como UGT tienen los permisos que pide el Juzgado para personarse en este proceso judicial y sobre los 15.000 euros que se les pide de finanza afirma que "es disparatada" y que "nunca se ha dado un caso similar" por lo que dicho auto se ha recurrido por parte de sus abogados.
El pleito que se tramita en el juzgado de Instrucción número 1 de Cartagena fue abierto tras la denuncia presentada por la Fiscalía contra nueve personas, entre las que figura la hasta hace unos días presidenta de la Autoridad Portuaria, Yolanda Muñoz, y su antecesor en el cargo, Antonio Sevilla, junto con dos sociedades.
La denuncia del ministerio público, que pide se investigue a los encausados por los presuntos delitos de prevaricación y otros por supuestas actuaciones ilegales en la adjudicación de concursos y en la contratación de personal, traía causa de la efectuada anteriormente por aquellos delegados sindicales.
Dentro del plan de citaciones, está previsto que el juzgado tome declaración el próximo viernes a Muñoz y Sevilla en calidad de investigados.
