Un año después del asalto al pleno de Lorca 18 personas están siendo investigadas por un presunto delito de desórdenes públicos

Lorca

Ha pasado un año del asalto al pleno del Ayuntamiento de Lorca y en materia judicial 18 personas están siendo investigadas por un presunto delito de desórdenes públicos, desobediencia y resistencia. entre otros. Entre treinta y cincuenta personas irrumpieron de manera violenta en el edificio del Centro de Desarrollo Local con empujones, amenazas y gritos. El asalto se produjo porque el 31 de enero de 2022 el consistorio iba a debatir los cambios del Plan General de Ordenación Urbana que afecta a la construcción de las futuras explotaciones ganaderas de porcino y a las ampliaciones de las existentes. Una moción que ya fue debatida y consensuada por todos los grupos políticos y ganaderos en 2020 pero en este documento había trece explotaciones ganaderas afectadas, de ellas seis de competencia municipal y siete de competencia autonómica que no tenían la autorización medioambiental.

Días antes del pleno ordinario, una asociación ganadera convocó la manifestación y horas antes de la celebración del mismo cerca de quinientas personas se sumaron a la protesta del sector recorriendo la avenida Juan Carlos I con tractores hasta llegar al edificio institucional. En ese momento, representantes ganaderos se reunieron con representantes políticos en la cuarta planta y cuando nadie lo esperaba entraron por la fuerza burlando la seguridad policial, gritando, empujando a los agentes de la Policía Local y Nacional, subieron por las escaleras hasta llegar a la cuarta planta con amenazas. Este fue el momento:

Finalmente los altercados llevaron a la suspensión del pleno porque la Policía Local y Nacional no podían garantizar la seguridad durante la sesión del pleno. En ese momento, el regidor lorquino, Diego José Mateos condenó los hechos y lo comparó con el asalto al capitolio. "Es un día triste para Lorca, esto es un atentado a la democracia". Otros representantes políticos como IU y Cs también condenaron los ataques violentos mientras que Fulgencio Gil, portavoz del PP PP que también condenó los hechos llegó a asegurar que el campo había estallado. Por su parte, la portavoz de VOX, Carmen Menduiña dijo: "los ganaderos lorquinos han sentido el puñal de la traición. Es un sector respetuoso y el ayuntamiento los ha dejado en el camino".

Remitiéndonos a la moción que se aprobó en julio de 2020 por unanimidad todos los grupos políticos y ganaderos hay que decir que está contempla que las futuras granjas o las ampliaciones de las existentes tienen que cumplir las mismas normas estén en el casco urbano o en las pedanías. Lo más destacado serían estos puntos:

• Las granjas no pueden instalarse a menos de 1.500 metros de los hogares, colegios o centros de salud.
• Cebaderos 500 metros de manantiales o fuentes naturales o a menos de 100 metros de ramblas o cauces recogidas en el Inventario de Cauces de la Región de Murcia.

Entonces, si esta modificación del PGOU había sido consensuada en 2020: ¿por qué asaltaron el pleno?. Fuentes institucionales han dicho en más de una ocasión que fueron "desinformados" y los propios manifestantes llegaron a reconocerlo.

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¿Cómo se ‘orquestó’ el asalto?

“Atención, atención ganaderos si no quieres que la moción dañe gravemente tu sector es necesario que acudas a la manifestación el próximo lunes…”, este sonido salió del megáfono de un coche de Lorca. Lo circulaba una persona que suele realizar este tipo de trabajos, pero lo hizo sin autorización. Cuando los agentes de la Policía Local le pararon, este aseguró que Francisco Román, presidente de Adespolorca, que representa a cerca de 800 ganaderos, le había pagado para que emitiera el mensaje.

Bien la cosa no termina aquí, el 28 de enero, dos días antes del pleno, los ganaderos celebraron una asamblea para hablar de cómo la moción podía afectar al sector ganadero. En esta asamblea, acudieron dos partidos políticos, PP y VOX ¿Cómo se convocó la manifestación?

Al día siguiente, sábado 29 de enero, los periodistas y vecinos recibimos un mensaje que empezaba así:

Ponemos en vuestro conocimiento que el Ayuntamiento de Lorca está promoviendo una modificación del Plan General que afecta a la tramitación de las autorizaciones de las explotaciones ganaderas y que va a suponer la paralización total de la implantación de nuevas, así como para la ampliación de las explotaciones existentes.

Y finalmente después de la tempestad llego la calma. El 22 de febrero se celebró un pleno de manera pacífica y la sesión aprobó la polémica moción sobre las granjas porcinas en Lorca con los votos del equipo de Gobierno, del PSOE y Cs, y el apoyo de IU-V, mientras que el PP y Vox votaron en contra.

La Fiscalía ha pedido una prórroga de 6 meses del período de instrucción

Días después del asalto agentes de la Policía Local y Nacionales identificaron a las personas que peor comportamiento tuvieron dentro del edificio. En abril la titular del juzgado número siete de Lorca llamó a declarar a los denunciantes, entre los que se encontraban el ayuntamiento, el concejal de Izquierda Unida, Pedro Sosa y tres de los policías que trataron de contener el asalto.

Hasta la fecha de manera paulatina 18 personas han declarado en calidad de investigados por un presunto delito de desórdenes públicos que impone penas de prisión de tres a seis meses. En un primer momento, se detuvo a siete de ellos, que quedaron en libertad con cargos; seis meses después se identificó a otros once y hace unas semanas otra persona declaró como investigado.

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Y recientemente la Fiscalía ha pedido que se cite a declarar como investigado al presidente de la asociación de ganaderos, Adespolorca ya que este supuestamente organizó la manifestación que originó el asaltó. En el momento de los hechos, Francisco Román estuvo en Hoy por Hoy Lorca y culpó al concejal de Izquierda Unida, Pedro Sosa.

El fiscal también ha pedido que se citen a nuevos testigos, entre ellos, el responsable del coche de megafonía que recorrió el municipio en las horas previas a la protesta convocando a los ganaderos.

Además la fiscalía ha pedido una prórroga de seis meses del período de instrucción ya que la jueza que instruía el caso hasta ahora, Cristina Ojados no seguirá al frente porque estaba haciendo una sustitución en el juzgado número 7 de Lorca, el que lleva la causa. El juez Patricio Avilés estará ahora al frente, según ha publicado el boletín oficial del estado.

Cabe recordar que el ayuntamiento está personado en la causa como acusación particular y el alcalde, Diego José Mateos este lunes ha manifestado que fue "un hecho lamentable y condenable".

La ordenanza que regula los cebaderos de porcino en el municipio de Lorca aún no se ha aprobado

Sobre la normativa de las granjas, la ordenanza que regula los cebaderos de porcino en el municipio de Lorca aún no se ha aprobado porque está en periodo de tramitación ya que se presentaron 15 alegaciones y el ayuntamiento tiene que responderlas. "Las licencias dentro de la modificación están suspendidas, están en periodo de tramitación, con la presentación de alegaciones y hay que responder estas reclamaciones. Una vez respondidas y nos reunamos con el sector porcino y políticos se procederá llevar a pleno para aprobar de manera definitiva la ordenanza", ha manifestado José Luis Ruiz Guillén, concejal de Urbanismo que cree que para febrero o marzo se podrá aprobar esta normativa.

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Guillén ha recordado que las explotaciones de porcino que tienen una licencia no se ven afectadas por el Plan General de Ordenación Urbana a no ser que quieran hacer una ampliación. "Siempre dependerá del tipo de ampliación que quiera hacer esa granja", ha indicado.

En el documento de la moción de 2020 hay 13 expedientes para ampliar las cabezas o abrir nuevas explotaciones. De estas seis son de competencia municipal y dos han quedado fuera porque no cumplen los requisitos hídricos y las otras siete están afectadas porque son de competencia de la Comunidad Autónoma y no contaban con un informe medio ambiental antes de esa suspensión y ahora no se sabe si obtendrán licencia porque están en un periodo transitorio pleno.

Un año después del asalto al edificio donde estaban reunidos el ayuntamiento y los ganaderos quedó demostrado que muchos no sabían ni a lo que iban y que otros se aprovecharon de la situación para ganar votos. Una guerra de chinos que aún no ha terminado y habrá que esperar a la aprobación de la ordenanza y buscar un equilibrio que beneficie a ganaderos y ciudadanos.