Ruiz Guillén: “la situación por reclamaciones a los acuerdos firmados por el Ayuntamiento de Lorca en las pasadas corporaciones está debidamente encauzada"
El concejal de Urbanismo de Lorca manda un mensaje de tranquilidad a los grupos municipales sobre la situación de los convenios urbanísticos suscritos en 2005 para construir residenciales que no se han llegado a desarrollar
José Luis Ruiz Guillén, concejal de urbanismo de Lorca. / Ayuntamiento de Lorca
Lorca
Ha asegurado que la situación provocada por reclamaciones a los convenios no ejecutados está “debidamente encauzada” y que las sentencias judiciales contra el consistorio han sido “atendidas”.
Declaraciones tras la reunión de la comisión municipal convocada este martes a petición del PP para evaluar la situación del paquete de convenios firmados hace casi 20 años para construir residenciales, la mayoría de los cuales no se han ejecutado.
Lo habían hecho después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia haya condenado al consistorio en una reciente sentencia a la devolución del dinero adelantado por uno de esos promotores por un convenio incumplido, más de 541.000 euros, más intereses de demora y costas judiciales.
Según Ruiz, la sentencia “está pendiente de ejecución” y pese a ese fallo judicial en contra “no se atisba ninguna catástrofe económica en un futuro inmediato fruto de esta situación” para el ayuntamiento.
Ha explicado que hay registrados 86 convenios de corporaciones anteriores, 64 de antes de la aprobación del plan urbano en 2003, respecto de los que el ayuntamiento cumplió todas sus obligaciones.
Sobre los 17 convenios en suelo inadecuado para el desarrollo urbano de 2005 hay ya acuerdos sobre 16 con sentencias judiciales contrarias al ayuntamiento que están siendo abonadas a los reclamantes y solo existe uno en Ramonete que no ha emprendido ninguna acción contra el consistorio.
Por su parte El PP ha asegurado que los promotores inmobiliarios de un convenio urbanístico sin desarrollar en la pedanía lorquina de La Hoya reclaman al ayuntamiento la devolución del dinero anticipado a la firma del acuerdo hace casi 20 años.
Se trata de una reclamación administrativa que sigue los mismos pasos de la primera sentencia condenatoria por este tipo de acuerdos del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia que obliga al consistorio a devolver 750.000 euros por otro incumplido en Aguaderas y que se conoció según el PP hace unas semanas.
