Sociedad

800.000 euros de multa a una multinacional francesa por verter salmuera y nitratos al Mar Menor

Podemos afirma que "esta decisión no llega por voluntad del Ejecutivo Regional sino por la Justicia". Medio Ambiente afirma que "la Comunidad Autónoma en ningún momento se niega a actuar para acabar con este tipo de acciones"

Mar Menor / Getty Images

Cartagena

Podemos considera que la sanción de 800.000 euros a una multinacional francesa por verter 555 piscinas olímpicas de salmuera y nitratos al Mar Menor es “insuficiente para compensar el daño causado”, según su diputada regional María Marín.

Marín recuerda que la multa a la multinacional “no llega por la voluntad del Ejecutivo autonómico, sino porque la Justicia ha ordenado al presidente del Gobierno Regional Fernando López Miras y al consejero de Medio Ambiente, Antonio Luengo que impongan esta indemnización por responsabilidad ambiental en la contaminación de la laguna salada”

La portavoz de Podemos, María Marín, ha considerado que se trata de una multa “totalmente insuficiente para reparar el daño causado”.

La diputada María Marín ha considerado un escándalo de primera magnitud que tenga que ser la Justicia quien obligue a la Comunidad Autónoma a perseguir a quienes vulneran las normas ambientales, ante un consejero cuya principal misión parece ser retrasar, esconder o evitar cualquier tipo de expediente contra las empresas que llevan a cabo estas prácticas. La portavoz de Podemos ha señalado además que destruir el Mar Menor “sigue saliendo muy barato”, ya que la multa de algo menos de 800.000 euros “no supone un gran perjuicio para una multinacional que factura más de 20 millones de euros al año”.

Sobre esta cuestión la consejería de Medio Ambiente han dicho que " no tenemos nada que decir al respecto en cuanto a la sanción impuesta, si es poco o mucho no es algo que un Gobiernovaya a valorar", han dicho.

Lo único que sí han querido matizar es que "es falso que la Comunidad Autónoma de Murcia se negara a actuar en este tema. La Fiscalía envió unos expedientes y se inició un procedimiento con un instructor jurídico, que determinó que la Comunidad no era competente para llevar a cabo esas sanciones. El Gobierno Regional para no incurrir en prevaricación al ignorar un informe jurídico, trasladó esta decisión a la fiscalía. Y posteriormente la Justicia indicó que sí se podía llevar a cabo y así se hizo", han dicho.

 
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