Afrontan 42 años de cárcel por prostituir y agredir sexualmente a una menor en Lugo
Se trata de un hombre, acusado de abusar de la joven de 16 años, y una mujer, por “cooperación necesaria”
Juzgado de Lugo / Google Maps
Lugo
El fiscal pide un total de 42 años de cárcel para un hombre y una mujer que se sentarán este martes, 25 de marzo, en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Lugo por presuntamente prostituir y agredir sexualmente a una menor en Lugo.
En el caso de ella, para responder por un delito continuado de prostitución infantil y como cooperadora necesaria en otros dos de agresión sexual continuada a la misma víctima, mientras que él ha sido imputado como investigado por haber agredido supuestamente a la niña y por haber obtenido relaciones con ella a cambio de “remuneración”.
El ministerio fiscal pide 14 años de reclusión para la mujer por el delito continuado de prostitución infantil y otros 14 como “cooperadora necesaria de uno de los delitos continuados de agresión sexual a una menor de dieciséis años en concurso medial con el delito continuado de prostitución infantil”.
Asimismo, pide para la mujer, una vez cumplida la pena privativa de libertad, la prohibición de acercarse a la víctima o comunicarse con ella por cualquier medio durante 20 años, otros tantos de libertad vigilada, 40 años de inhabilitación para ejercer cualquier profesión que implique el contacto con menores de edad y la suspensión de la patria potestad durante diez años.
Para el acusado, el fiscal solicita la pena de 14 años de prisión por “un delito continuado de agresión sexual a menor de dieciséis años en relación de concurso medial con el delito continuado de obtención de relaciones sexuales con menor de dieciséis años a cambio de remuneración”.
El ministerio público también pide que se le prohíba acercase a la víctima o comunicarse con ella por cualquier medio durante 9 años, una vez cumplida la pena de cárcel. También que se le imponga una medida de libertad vigilada durante 10 años cuando salga de la cárcel, la suspensión de la patria potestad durante 10 años y la inhabilitación para cualquier profesión u oficio que implique el contacto con menores durante 18 años.
Asimismo, pide que la procesada indemnice a la víctima con 120.000 euros y el acusado con 70.000 por los daños morales causados. El ministerio fiscal ha solicitado que el juicio se celebre a puerta cerrada para “la adecuada protección de los derechos fundamentales de la víctima, en particular su derecho a la intimidad”.
