Varapalo del Tribunal Superior de Xustiza a la Xunta: "Es una enmienda a la totalidad de sus políticas ambientales"

Santiago de Compostela

Nuevo varapalo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia a la Xunta por sus planes en materia de tramitación medioambiental. El TSXG acusa al Ejecutivo autonómico de privatizar parte de los procedimientos de evaluación ambiental. Desde la CIGa aseguran que esta sentencia supone una "enmienda a la totalidad" a las políticas autonómicas en materia medioambiental.

Así, se anula parcialmente el decreto de la Xunta que regula las Entidades de Colaboración Ambiental y con el que se creó el registro de entidades de este tipo y el banco de personas expertas en evaluación ambiental. Se declaran disconformes los artículos 27 y 28.1 y el 29.5

Según la sentencia, este decreto del año 2023 externaliza toda la tramitación de la evaluación ambiental poniéndola en manos de empresas privadas. Los magistrados entienden que no constan mecanismos de control realizados por funcionarios públicos sobre la actuación de estas empresas, y que solamente pueden tomar decisiones que sean "simples ratificaciones, sin posibilidad de contraste y que tampoco pueden ser sometidos a crítica por el órgano que tienen formalmente la facultad de decidir". Dicho en otras palabras, se da a entender que la decisión ya viene tomada.

Se recoge, además, que se está trasladando a una empresa privada roles que están reservados a funcionarios públicos y que no sólo no se está colaborando con la administración sino que está siendo suplantada durante toda la tramitación ambiental.

El tribunal recalca que la jurisprudencia veta esta completa transferencia a una empresa privada y ven una "abdicación" de la tramitación administrativa.

Únete al canal de WhatsApp de la SER

La CIG pide explicaciones

Unas horas después de que trascendiera esta sentencia, la Confederación Intersindical Galega (CIG) - que había interpuesto el recurso - celebró en rueda de prensa este fallo que supone "una enmienda a la totalidad" y "un torpedo a la línea de flotación" de la Xunta con sus políticas de tramitación ambiental y los cambios administrativos que han introducido en los últimos años.

Su secretario Xeral, Paulo Carril, denunció que la Xunta estaba "comprando" a empresas privadas "informes favorables" para que se pudiesen desarrollar proyectos eólicos y mineros en Galicia, y también se refirió al de Altri, señalando al informe de Augas de Galicia sobre el impacto que tendría la planta en el río.

Así, comentó que con este decreto la Xunta evitaba a los funcionarios que se oponían a dar el visto bueno a una serie de proyectos, al tiempo que denunció "presiones" a estos trabajadores.

Con esta sentencia en la mano, aunque asumen que la Xunta la recurrirá al Tribunal Supremo, reclaman al Gobierno gallego que informe "con transparencia" de todos los proyectos que se han beneficiado de este decreto. También espera que se paralicen y no se sigan desarrollando causando "daños irreversibles". En caso de que la Xunta no responda, no descartan acudir a la vía penal.