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La Agrupación Coruñesa de Asociaciones Vecinales acusa al Concello de regalar 7 millones a Albada en perjuicio de los barrios

Acudirá al Tribunal de Cuentas si el acuerdo extrajudicial con la concesionaria de la planta de Nostián es aprobado

A Coruña

La recientemente creada Agrupación Coruñesa de Asociaciones Vecinales acusa al Concello de "regalar" a Albada, la empresa concesionaria de la planta de Nostián, más de 7 millones de euros tras el acuerdo extrajudicial al que ambas partes han llegado. Sostiene que es una responsabilidad renunciar a este dinero por parte del Gobierno Local y en concreto de la alcaldesa Inés Rey y califica de "opaca y lesiva para los intereses de los coruñeses. Acudirá al Tribunal de Cuentas si el Ayuntamiento no rectifica una operación

El presidente de la Agrupación, Fernando Carrillo, señala que los 7 millones que el Ejecutivo Local perdona a Albada podrían invertirse en mejoras en infraestructuras y recursos en los barrios.

En su opinión hay dudas sobre el alcance contable del acuerdo extrajudicial que daría carpetazo al conflicto que mantienen Concello y Albada desde hace años. Es un dinero que han pagado todos los coruñeses vía pago de servicios a la concesionaria, añade Carrillo. A la Agrupación Coruñesa de Asociaciones Vecinales le parece "tibia" la valoración del asunto realizada por el BNG e insuficiente la del PP.

¿Qués responde el gobierno local?

El portavoz del Ejecutivo Municipal, José Manuel Lage, niega que el Ayuntamiento no le ha perdonado nada a Albada. Esta mañana ha afirmado que con el acuerdo extrajudicial el Concello ha ganado más de 8 millones de euros donde lo más probable -dice- es que, en el mejor de los casos, pudiera obtener 4.

Lage subraya que la sentencia judicial que condenaba a Albada a indemnizar al Ayuntamiento no establecía ninguna cuantía. Reitera que han seguido las recomendaciones de la Asesoría judicial municipal.

El PP pedirá explicaciones

El PP reclamará explicaciones al Gobierno municipal en la Comisión de Transparencia de este jueves, presidida por el propio Partido Popular. Entiende que la decisión de perdonar 7´3 millones de euros a Albada no se justifica porque había una sentencia firme que le obliga a devolver un dinero que ya había cobrado "sin tener -dicen los conservadores- derecho".

 

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