La abogada de Santórum asegura que “no hay forma” de vincular a su cliente con el alijo del MV Karar

La abogada del principal acusado por el alijo de 3.800 kilos de cocaína a bordo del barco MV Karar en el año 2020 a 300 millas de la costa gallega, Juan Carlos Santórum, ha asegurado este jueves en su informe final que "no hay forma" de relacionarle con esa droga incautada.

Después de que el miércoles expusieran sus conclusiones el fiscal y la abogada del Estado, el jueves llegó el turno de las defensas, con excepción de una que ha quedado para el viernes, la de Fidel F.B., día en el que los acusados pueden hacer uso de la última palabra antes de que el juicio quede visto para sentencia.

La primera letrada que ha intervenido ha sido la del considerado líder del grupo criminal que iba a recibir la droga, y otros seis procesados.

Según ella, que ha dispuesto de hora y media, "no hay forma de relacionar el buque" con ninguno de sus patrocinados.

"Nulidad" de las escuchas

Ha pedido la "nulidad" de las escuchas practicadas en uno de los coches que usaban algunos de los procesados, ha incidido en que se produjo "un cribado policial" de las grabaciones y ha llegado a afirmar que los "informes policiales se basan en especulaciones" y que no hay "nada absolutamente incriminatorio" sobre sus clientes.

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Ha puesto en duda, además, la "credibilidad" del instructor policial de este caso y de su investigación, por cuanto se trata de un exjefe de la Policía Nacional en Pontevedra que está investigado en Murcia por una presunta vinculación con el narcotráfico y del que ha recordado que declaró en el juicio cuando estaba suspendido, imputado y en libertad provisional.

Ha deslizado, asimismo, que las investigaciones iniciales del Karar apuntaban a otra organización criminal y la Policía "lo ocultó al juzgado".

Ha pedido igualmente la nulidad de las cartas náuticas "supuestamente halladas en el Karar", que contenían unas anotaciones a lápiz que coincidían, según el escrito de acusación, con las aparecidas en una nota que fue encontrada en una nave registrada en Galicia y sobre la que también pidió su expulsión del procedimiento.

Los abogados cuestionan al instructor: "un marionetista"

Sobre la actuación policial, la abogada de Braulio V. ha advertido de que el instructor estaba "suspendido" de empleo cuando prestó declaración en el juicio, por lo que le ha restado validez a su testimonio.

Ha señalado asimismo que el inspector construyó un relato en base a hipótesis como que en las escuchas se hable de tres ocho y deducir que son los 3.800 kilos de cocaína o que el grupo disponía de unas embarcaciones para ir a buscar la droga que realmente "no estaban operativas".

El abogado de Pablo S.V., el funcionario de Aduanas en Vilagarcía de Arousa que está procesado, ha interesado también su libre absolución en un juicio en el que, según él, las acusaciones han hecho una "exposición de los hechos muy interesada".

Ha reconocido que Pablo S.V. ha hecho "cosas mal" y sobre el delito de blanqueo que se le imputa -le sorprendieron a él y su entonces mujer en Madrid con 368.000 euros que le habría dado otro procesado, el colombiano René R.R.- pide que en todo caso no se le atribuya que el dinero procede del narcotráfico.

Detención "ilegal"

La abogada de la mujer, Mónica F.L., ha dicho que esta fue detenida de manera "ilegal" por solicitarla judicialmente de manera tardía.

"Ella iba a Madrid a una cita médica, no recibió paquete o dinero alguno", ha sostenido la letrada, quien ha asegurado que Mónica no tenía conocimiento del supuesto "origen ilícito" de los bienes de su marido y ha pedido su absolución.

La letrada de René R.R. ha afirmado que en este proceso ha encontrado "un marionetista, una persona que mueve los hilos", el instructor.

Ha cuestionado la legalidad del registro de una vivienda de Leganés y de la relación de su patrocinado con la droga allí hallada y pide la libre absolución o, subsidiariamente, una pena no superior a cuatro años.

Condenas absolutorias

También ha pedido una condena absolutoria el abogado de Ismael C.B., que ha sostenido que no hay "prueba suficiente" en contra de su representado, del que además ha dicho que era una persona drogadicta en las fechas de estos hechos y con un "trastorno psiquátrico sustancial que le incapacita para determinadas decisiones y razonamientos".

"Difícilmente puede ser encajable su perfil con el de un avezado piloto de lanchas usadas para el narcotráfico" como le atribuía un agente, ha mantenido.

Rebaja de penas para los tripulantes de Bangladesh

Los abogados de los tripulantes extranjeros han pedido una rebaja en las penas por dilaciones indebidas y han solicitado la sustitución de la reclusión que les queda por cumplir (dos años) por la expulsión del país.

El de los nepalíes procesados ha defendido que sus representados reconocieron los hechos sin intereses espurios en alusión a que no culparon a otros procesados, ya que otras defensas relacionaron sus confesiones con un posible acuerdo con la Fiscalía.

El de los marineros de Bangladesh ha recordado que fueron contratados por una agencia de colocación de su país para hacer una singladura y entonces eran totalmente desconocedores de que iban a transportar droga hasta que se encontraban en Panamá, sin billete de vuelta, por lo que tenían dos opciones: "tirarse al mar o seguir la singladura".

"No fueron autores, fueron colaboradores de colaboradores", ha sentenciado el letrado.

Ambos abogados han criticado la gestión del sistema judicial con respecto a los procesados, en libertad desde abril de 2024 pero sin residencia ni permiso para poder trabajar, lo que les ha llevado a una situación de "indigencia".

La abogada de José Manuel B.G., el único gallego a bordo del Karar, ha pedido que se tengan en cuenta la confesión, el arrepentimiento y la colaboración en la investigación de su patrocinado, así como las dilaciones indebidas.

En este caso, que comenzó a juzgarse en abril, el Ministerio Público solicita penas de prisión entre algo más de 7 y 19 años y medio.