Louzán, absuelto
El Tribunal Supremo anula la sentencia de la Audiencia de Pontevedra y libra también a los otros tres condenados por la reforma del campo de Moraña
Rafael Louzán, presidente de la Federación, en una imagen de archivo EFE/Borja Sánchez-trillo / Borja Sánchez-Trillo (EFE)
El Tribunal Supremo absuelve al presidente de la Real Federación Española de Fútboly expresidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, del delito de prevaricación por el que fue condenado a 7 años de inhabilitación para empleo o cargo público.
La condena hace referencia a la concesión de una subvención de 86.311 euros para la realización de unas obras que estaban en su mayor parte ya ejecutadas en campo de fútbol en Moraña.
Aprecian "irregularidad en la contratación"
Los magistrados absuelven a Louzán porque, aunque han apreciado "irregularidad en la contratación" en este caso, "no se declara probado un contenido injusto que venga derivado" de dicha irregularidad. "Al contrario, lo que se declara probado es que la actuación de los acusados respetó la proscripción del enriquecimiento injusto que censura la jurisprudencia contencioso-administrativa", apuntan.
En este sentido, indican que no solo ha quedado probado que Louzán supo de la realización de las obras después de que estuvieran hechas, sino que una vez adjudicadas y realizadas, aunque fuera de forma irregular, la administración pública estaba obligada a pagarlas. A ello añade que las obras se facturaron a precio de mercado.
"Toda la tramitación del expediente era prevaricadora"
La Sala de lo Penal ha llegado a esta conclusión después de que el miércoles escuchara los argumentos que la defensa de Louzán incluyó en su recurso de casación. En dicha sesión, la Fiscalía mostró su oposición a que se exonerara al ahora presidente de la RFEF. "Toda la tramitación del expediente era prevaricadora", dijo el fiscal Javier Huete.
El alto tribunal también ha absuelto al exdirector de Infraestructuras de la Diputación Miguel Ángel González, y al administrador y a un representante de la empresa constructora, que igualmente fueron condenados a 7 años de inhabilitación como cooperadores del delito atribuido a Louzán.
Absueltos de fraude y prevaricación
El caso llegó al Supremo después de haber pasado por el Juzgado de lo Penal número 3 de Pontevedra y la Audiencia Provincial. En la primera instancia, Louzán y los otros tres acusados fueron condenados por fraude y prevaricación. En 2022, fueron absueltos pero solo del delito de fraude. Ahora, el alto tribunal les absuelve a todos del delito de prevaricación.
En la sentencia, recogida por Europa Press, el tribunal explica que los hechos probados no constituyen delito de prevaricación porque en este caso se adjudicó un contrato para pagar al contratista unas obras ya realizadas y que no se abordaron por una connivencia entre los involucrados.
Hechos probados
En los hechos probados consta que el 30 de diciembre de 2011 la Diputación y el Concello de Moraña firmaron un convenio de colaboración para instalar hierba artificial en el campo de fútbol "El Buelo" y realizar otras edificaciones anexas. La Diputación asumió la redacción del proyecto por importe de 21.122 euros y su posterior ejecución a través de una subvención de 999.561 euros, adjudicándose el proyecto a la empresa Construcciones Eiriña SL.
Terminada la obra, por razones que la investigación no desveló, la empresa había realizado actuaciones que no estaban contempladas en el proyecto inicial, en concreto: un casetón para ubicar y cubrir la bomba hidráulica de riego, unos cuartos destinados a almacén que se ubicaron bajo el graderío, unos cerramientos de alambre sobre las escaleras, unas soleras de hormigón pulido frente a la gradería, unas soleras de hormigón pulido frente al vestuario y la ampliación de un muro perimetral existente.
Puesto que estos trabajos no podían pagarse con el importe de la primera subvención, la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial acordó en 2013 conceder una segunda subvención que cubriera el coste de las obras no previstas inicialmente. Con posterioridad se convocó un concurso para ejecutar estas obras, con la decisión predeterminada de adjudicarlo, como así se hizo, a la empresa que ya las había ejecutado materialmente.
Los magistrados explican que, dado que la primera subvención no podía aumentarse en su cuantía --porque así lo fijaba el plan de inversiones de la Diputación Provincial de Pontevedra para los años 2009-2011--, la segunda subvención se concedió con cargo al presupuesto de libre disposición del presidente de la Diputación asignado para el ejercicio del 2013.
Aunque el tribunal concluye que la tramitación del segundo concurso fue irregular porque se había fijado previamente a qué empresa se le iba a adjudicar, insiste en que ello no es suficiente para aplicar una condena por prevaricación.
Responsabilidades administrativas o contables
Además, el Supremo recuerda que la Audiencia Provincial declaró probado que Louzán supo de la realización de las obras después de que estuvieran hechas y que las obras se facturaban a un precio de mercado.
Con todo, el Supremo avisa de que el absolver la prevaricación "no equivale a proclamar la irrelevancia de los hechos, eventualmente sujetos a las oportunas responsabilidades administrativas o contables, si a ello hubiera lugar y se tuviera por conveniente".
