La Xunta propone deducción tributaria a los propietarios de viviendas para facilitar su acceso al mercado de alquiler
El gobierno gallego afirma que todavía sigue a la espera de recibir la documentación para estudiar la declaración de A Coruña como zona tensionada. Más de un centenar de personas realizaron consultas a través de un convenio entre la Xunta y el Consello da Avogacía Galega
Cartel de "Se alquila" / MarioGuti
A Coruña
Hablamos de vivienda, la Xunta ha organizado un foro para explicar sus propuestas legales para mejorar el acceso a la vivienda. Sigue oponiéndose a la declaración de zonas tensionadas que están tramitando los concellos de A Coruña y Santiago. En materia tributaria la Xunta propone deducciones a los propietarios que pongan en el mercado de alquiler una vivienda que haya estado vacía durante un periodo superior a un año. Los propietarios que hagan reformas de hasta 9.000 euros en sus pisos vacíos para poder adaptarlos de cara a un alquiler tendrán también deducciones.
El Concello de A Coruña anuncia que presentará su proyecto para la declaración de zona tensionada que ponga topes al precio del alquiler este trimestre. Pide colaboración al gobierno autonómico. Francisco Díaz Gallego es el concejal de Urbanismo.
La Xunta insiste en que no comparte la idea pero seguirá a la espera de documentación. Martínez Allegue.
Señala que pretende duplicar la vivienda social en Galicia con la construcción de ocho mil en toda la comunidad en los próximos años. No ofrece datos sobre las que se construirán en A Coruña.
Pide al Gobierno central más información sobre las medidas anunciadas recientemente por el ejecutivo central para facilitar el acceso a la vivienda.
Más de un centenar de personas realizaron consultas a través de un convenio entre la Xunta y el Consello da Avogacía Galega
Más de un centenar de personas realizaron consultas en materia de vivienda en el año 2024 a través del convenio puesto en marcha entre la Xunta y el Consello da Avogacía Galega. Entre los asuntos tratados destaca el servicio de intermediación para personas vulnerables en riesgo de desahucio o el asesoramiento jurídico a las personas que puedan perder su vivienda por un ejecución hipotecaria.
El convenio se inió en el año 2020 y contará en 2025 con una partida de 61.000 euros. Los ciudadanos que hacen uso de este servicio reciben información sobre sus derechos y obligaciones y la orientan sobre cómo actuar.
