El concello de Vigo suspende la licencia otorgada a la Xunta para las obras en los antiguos juzgados
Los terrenos figuran en el Registro como propiedad del concello pero la Xunta paga el IBI porque en el catastro son de titularidad autonómica
El Conselleiro de Emprego, Diego Calvo con el arquitecto del proyecto de recuperación del antiguo juzgado en la calle Lalín, Alfonso Penela / Javier Caride
Vigo
El concello de Vigo suspende la licencia de obra, otorgada el 29 de noviembre a la Xunta, para el edificio de los antiguos juzgados, donde la administración autonómica proyecta un centro de asociacionismo, “hasta que determinen el derecho a la propiedad de la edificación”.
Y es que la Xerencia de Urbanismo local ha encontrado indicios de que la parcela donde está el edificio puede pertenecer al concello, de hecho, porque figura en el Registro como tal.
Desde la Xunta recuerdan, sin embargo, que el edificio fue transferido por el Estado a la administración autonómica. Para Diego Calvo, conselleiro de Presidencia, es solo un intento del alcalde de Vigo de torpedear de nuevo una inversión de la Xunta.
En la propuesta de resolución de la Xerencia de Urbanismo se explica que, aunque se concedió la licencia, fue después cuando tuvieron conocimiento de que la finca donde está la edificación es de propiedad municipal porque se encuentra inscrita en el Registro de la propiedad a nombre del concello de Vigo y que la cesión es expresamente para la edificación.
Es por ello que se le da a la Xunta un trámite de audiencia de 10 días para presentar alegaciones porque apunta esta resolución: “A execución das obras nun inmoble cuxa propiedade non consta sexa da administración autonómica e o seu uso distinto para fins non contemplados nos acordos de posta a disposición do Ministerio de Justicia podería supoñer un prexuízo para o interese público municipal e xerar responsabilidades administrativas ou legais”.
La Xunta ya paga el IBI
Desde la Xunta están preparando ya esas alegaciones, porque tal y como apuntan desde Presidencia, ese edificio fue transferido por el Estado en propiedad y sin vinculación de destino.
Citan el Real decreto 2166/1994, de 4 de noviembre en materia de justicia que en el apartado de situación jurídica expresamente establece que es propiedad del Estado. Apuntan además que tanto la parcela como el edificio fue dado de alta en el Inventario Xeral de Bens e Dereitos da Comunidade Autónoma sin condicionamiento de ningún tipo en base al Real Decreto de transferencias.
En base a este mismo Real Decreto, el inmueble se dio de alta en el Catastro a nombre de la Xunta y ya en 2024 se pagó en concepto de IBI 41.240 €.
