El Gobierno confirma el recurso del Ministerio contra la sentencia que anula el convenio sobre la cárcel de la Torre
La sentencia dejaba sin efecto el compromiso de la ciudad de pagar por la cesión del edificio y todos los términos del convenio en vigor
Cárcel de la Torre. Antigua prisión provincial de A Coruña / Teba Chacón
A Coruña
La subdelegada del gobierno, María Rivas, ha confirmado que el Ministerio del Interior recurrirá la sentencia de un juzgado coruñés que dejaba sin efecto los convenios firmados entre el ejecutivo de Paco Vázquez y el gobierno central que obligaban a la ciudad a pagar 1,2 millones de euros por la recuperación de la antigua prisión provincial. Un proceso en el que el Estado ha llegado a reclamar hasta 15 millones de euros en compensación además por la construcción del Centro de inserción social, en terrenos municipales, por cierto, que también estaba en el acuerdo. María Rivas entiende, no obstante, que al margen del proceso judicial la cuestión se solucionará mediante diálogo entre administraciones.
Reacciones del Concello
Tras la sentencia del juzgado de primera instancia número cinco de A Coruña que declaraba nulo el convenio de 2005, la Alcaldesa Inés Rey confiaba en que no hubiera recurso. Pretendía iniciar una nueva negociación con el Estado "para el traspaso" de la antigua prisión provincial, la cárcel de la Torre, cuanto antes, incluyendo presupuesto para la rehabilitación. Hoy fuentes municipales han considerado "normal" el recurso. Señalan que "teremos que agardar a que se resolva" y muestran su disposición a negociar "desde cero".
Reacciones desde la oposición
El PP le pide una negociación contundente que suponga la cesión gratuita y fondos para la recuperación. Su portavoz, Miguel Lorenzo, ironiza con "el gobierno amigo".
El BNG critica el recurso presentado por el Estado. Llevará iniciativas al Congreso para que se concrete la reversión gratuita a la ciudad y presupuesto para la rehabilitación. Se ha hecho, asegura, en otras localidades españolas como Soria, Granada y Oviedo donde ha habido gratuidad en el traspaso y recursos para la recuperación. La concejala Mercedes Queixas pedía contundencia a Inés Rey esta mañana.
El juzgado considera que el acuerdo en vigor es nulo porque no se pueden permutar bienes de dominio público. Desestima la demanda de instituciones penintenciarias que pretendía una compensación de como mínimo un millón de euros por daños y perjuicios en una reclamación que, en su nivel de exigencia mayor, rozaba los 15 millones de euros por los gastos de construcción del nuevo Centro de Inserción Social, "con inversión por importe de 14.812.634’4 euros, con el importe daños y perjuicios por los gastos de conservación".
Al quedar este convenio sin efecto la cárcel sigue siendo del Estado y se mantienen en poder del gobierno central los terrenos cedidos también por parte del Concello para el centro de reinserción. La Prisión Provincial dejó de funcionar como tal en 1998. Sus muros guardan la memoria de la represión franquista.
