El TSXG dobla las penas para los agentes inmobiliarios de Vigo que estafaban a sus clientes con alquileres falsos
El Alto Tribunal ha tenido en cuenta, para aumentar la pena, el hecho de recaer la estafa sobre la vivienda, bien de primera necesidad
Foto de archivo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha aumentado las penas de prisión impuestas a dos agentes inmobiliarios por varias estafas relacionadas con el alquiler de inmuebles en Vigo. La Sala de lo Civil y Penal del alto tribunal gallego ha desestimado los recursos de los estafadores y ha estimado el de apelación que presentó el Ministerio Fiscal.
En consecuencia, ha revocado la sentencia dictada por la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, en el sentido de que ahora se les aplica el subtipo agravado en la condena que les había caído por un delito continuado de estafa y la agravante de reincidencia ya que previamente habían sido condenados por causas similares.
Es decir, el TSXG ha tenido en cuenta el hecho de recaer la estafa sobre una vivienda, un bien de primera necesidad.
Duplica las penas
En el caso de la principal acusada, en lugar de los 2 años y 4 meses de prisión inicialmente impuestos, el TSXG le condena de 4 años, 9 meses y un día, además de once meses de multa con una cuota diaria de 6 euros. Su socio, que había sido condenado a 5 meses de cárcel, la pena se ha elevado a 11 meses de prisión y multa de 6 euros diarios por ese mismo periodo.
Tal y como recogía la sentencia previa, la mujer tendrá que indemnizar a dos víctimas y una ONG con un total de 1.440 euros y, de forma conjunta con su cómplice (80 % para la autora y 20 % para su socio), a otros dos perjudicados en 650 euros.
Los magistrados consideraron probado que la condenada, con la intención de defraudar a terceras personas, les ofrecía por diversos medios, ya fuera personalmente o a través de portales en internet, la opción de alquilar viviendas de las que no tenia autorización ni disponibilidad alguna por parte de sus respectivos titulares, lo que no ponía en conocimiento de los clientes que contrataban con ella.
Las víctimas hacían las entregas de dinero en concepto de reserva o fianza para el alquiler de una vivienda que luego no podían habitar, pero sin que la condenada les devolviera las sumas que había recibido por los pisos.
