Cuatro de los cinco acusados por el caso Carioca aceptan penas menores con la Fiscalía

Lugo

Cuatro de los cinco imputados en la operación Carioca han llegado a un acuerdo con la Fiscalía a cambio de reconocer los hechos que se le imputan. Los tres proxenetas implicados evitarán la condena a cambio de pagar dos mil euros de multa. Armando Lorenzo, Jefe de la EMUME, el Equipo de Mujeres y Menores, también ha llegado a un acuerdo, aunque no han trascendido las condiciones. Su abogado ha preferido guardar silencio hasta que lo ratifique el juez en la segunda jornada del juicio.

El único que ha querido sentarse en el banquillo para intentar defender su inocencia es Julio Vaquero. Su abogado, César Lodos, aseguraba a la entrada del juicio que no hay pruebas suficientes contra su cliente y que aceptar el acuerdo sería aceptar una mentira. El letrado lucense aseguró antes del inicio de la vista oral del juicio, que su cliente lleva ya "condenado doce años a una pena de banquillo", que es "lo más triste que le puede suceder a una persona".

Críticas a la instrucción

Los letrados de la defensa y de la acusación particular coincidieron este martes, antes del inicio del juicio por la llamada Operación Carioca, en criticar la instrucción de la causa, iniciada en el año 2008 por la jueza Pilar de Lara para investigar la supuesta relación de algunos miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado con el mundo de la prostitución en Lugo.

El letrado que representa a J.M.G, el abogado Pepe Riopedre, dijo que la instrucción “se hizo a cañonazos a diestro y siniestro, imputando alegremente a un montón de personas, sin tener realmente indicios”. De hecho, recordó que la instructora llegó “a abrir diligencias por una pintada en una fachada”.

Desde su punto de vista, “la instrucción de este procedimiento es muy didáctica a efectos de que se enseñe en las facultades de derecho lo que no debe ser la Administración de Justicia”, porque a su juicio fue “lamentable”.

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Fernanda López, la letrada que representa a J.M.G.A, opina que la instrucción ha sido “totalmente inusual”. “Es la antijusticia. No hace justicia ni para las víctimas ni para los acusados. Es así. No es justo que una persona tenga que aguantar un proceso de 16 años. No es justo para nadie”, insistió.

El abogado César Lodos, que defiende al subteniente retirado de la Guardia Civil que se negó a llegar a un acuerdo con la Fiscalía, ha dicho a la prensa que, en el caso de su defendido, “no se han cumplido” las necesarias “garantías” procesales.

“Hechos aparentemente ocurridos en el 2005 se los comunican en el 2016. No nos dejan interrogar a la testigo. No lo dejan declarar con conocimiento de lo que había ocurrido aquellos días. Es una indefensión total”, precisó.

“Tuvo el teléfono pinchado y no consiguieron nada, porque nada había. Las declaraciones de la testigo, que podía haber sido denunciante y al final no denunció, cambiaron un mil por mil desde la sede policial, en la Guardia Civil, hasta su comparecencia ante la jueza Pilar de Lara”. Dijo que su cliente lleva “condenado doce años a una pena de banquillo”, que es “lo más triste que le puede suceder a una persona”.

Por su parte, Elena Rodríguez, que ejerce la acusación particular en representación de una de las víctimas, ha considerado que “una instrucción tan larga”, habida cuenta de que comenzó en el año 2008, “no ha favorecido a nadie”.

“Considero que la instrucción ha sido excesivamente larga”, dijo a los medios de comunicación antes de entrar en el juicio, porque “las instrucciones han de ser por justicia, tanto para las víctimas como para los acusados, lo más breves posibles”.

Para los acusados, precisó “porque, en el momento de ser declarados culpables, tienen que comenzar con el cumplimiento de las penas, y para las víctimas, para que puedan pasar página y puedan rehacer sus vidas de otra manera, para dejar atrás todas estas situaciones tan agradables”. Desde su punto de vista, “las instrucciones largas son muy complicadas. Esta ha sido una instrucción no larga, sino excesivamente larga”.