Las instituciones desconocían la situación de los abogados y procuradores del turno de oficio en huelga
Venia arremete contra el órgano representativo de los Colegios de Abogados por no trasladar sus demandas
A Coruña
Los abogados y procuradores de oficio llevan más de 2 meses en huelga. Reclaman que se reconozca su relación laboral con la Administración por estar prestando un servicio público. Este fin de semana han conseguido trasladar sus peticiones al Gobierno.
El sindicato Venia arremete contra el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), que agrupa a todos los Colegios de España. Dicen que no transmitió su situación al ejecutivo cuando actuaba de portavoz. Sólo les ha trasladado que querían subir los baremos, nada sobre la demanda de que la Administración cotice por ellos.
Explica Lozano que se lo han confirmado el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, en una reunión con Venia, y el ministro de Justicia, Félix Bolaños, con el que han podido hablar en la convención del PSOE en Coruña. Bolaños les comunicaba que ya se había reunido con ellos, porque creía que el CGAE los representaba.
El delegado se ha comprometido a seguir trabajando con el sindicato para desarrollar la normativa. Lozano dice que ha visto encaje a sus propuestas y que se han emplazado para próximas reuniones.
Anteriormente se habían reunido con la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que también se mostró abierta a fijar una relación laboral de carácter especial que una a estos profesionales con la administración.
El reconocimiento de la relación laboral directa con la administración es la principal demanda del colectivo desde que comenzaron a manifestarse. Esto implicaría que la administración tendría que cotizar por ellos y se les reconocerían derechos laborales básicos, como el derecho a huelga o a baja.
Actualmente los abogados y procuradores de oficio están ejerciendo un servicio público esencial en situación, dicen, de "semiesclavitud", siendo muchas de las actuaciones íntegramente gratuítas, sin remuneración, y obligándolos a realizar tareas administrativas para poder cobrar unos baremos diez veces por debajo de los honorarios marcados en el mercado.
