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Galicia

La desatención de los mayores tutelados por la Xunta y la falta de medios llega al Parlamento de Galicia

La Conselleira se compromete a aumentar el personal y adoptar el servicio a la ley a preguntas del BNG

Una persona mayor en una residencia de mayores / Westend61

Una persona mayor en una residencia de mayores

A Coruña

Las denuncias de la Fundación Paideia y otras entidades sociales como ADCOR, ASPRONAGA o FADEMGA sobre la falta de personal de la FUNGA de las que hemos informado en las últimas semanas en Radio Coruña Cadena SER han llegado al Parlamento de Galicia. El diputado del BNG Iago Tabares ha presentado una iniciativa para que se haga frente a la desatención de los más de tres mil tutelados personas de "extrema vulnerabilidad" como señalaba Paideia, que solamente atienden siete trabajadores sociales. La Conselleira Fabiola García ha respondido que se va a aumentar el personal y se adaptará el servicio a la ley de discapacidad.

La ley se aprobó en 2021 y las asociaciones llevan pidiendo la adaptación desde el momento de su aprobación.

El diputado del BNG recoge la propuesta de las entidades que están pidiendo soluciones desde hace años a la Consellería sobre la necesidad de aumentar el personal creando delegaciones provinciales. Iago Tabares ha denunciado que estas personas, desatendidas según las entidades sociales con trabajadoras sociales desbordadas, son "víctimas frecuentes de estafas" o de "agresiones y abusos". Ha citado las agresiones registradas en el Centro de Soiuto de Leixa de Ferrol. También que la audiencia de Ourense juzgó una estafa continuada de una persona dependiente de la Funga que la propia Funga desconocía.

El diputado nacionalista ha recordado que en el año 2018 la FUNGA tenía 1.600 tutelados y a 2023 este número se ha duplicado y mantiene el mismo personal. La Conselleira ha apostillado que cuenta también con un número similar de administrativos y que se va a poner en marcha un nuevo equipo interdisciplinar paa atender a las personas tuteladas. El BNG ha recogido las denuncias de las entidades que advierten que cada trabajadora social debe atender a 420 personas lo que hace imposible una atención adecuada para ciudadanos que necesitan un especial seguimiento.

 
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