La CIG reclama en Vigo una reforma de la prestación por desempleo y que las empresas aporten una mayor cotización

La central sindical CIG ha reclamado al Gobierno una reforma de la prestación por desempleo que "otorgue derechos" a los trabajadores "y no sea un programa de beneficencia" y defiende que las empresas aporten una mayor cotización en el concepto de desempleo de las nóminas.

El secretario general de CIG, Paulo Carril, y el secretario de negociación colectiva del sindicato, Paco Sío, han presentado este lunes en Vigo una batería de propuestas ante las próximas reformas de las prestaciones y subsidios por desempleo anunciadas por el Gobierno.

"Es momento de hacer una reforma de la prestación por desempleo que otorgue derechos y no sea un programa de beneficencia", ha indicado Carril, que ha defendido una "nueva legislación laboral que restituya derechos que fueron derogados" en las anteriores.

"Gran preocupación" en el sindicato

Las dos cuestiones de "gran trascendencia" que generan una "gran preocupación" en el sindicato porque ven que "no tienen vías de solución" es la "aprobación del SMI de 2024" y la "pantomima de enfrentamiento de dos ministerios (Economía y Trabajo) en relación con la reformas" de las prestaciones.

Carril ha advertido de que temen "un nuevo recorte para la clase trabajadora" y ha criticado la Ley de Empleo publicada en marzo de 2023 porque "sigue sin dar respuesta a los problemas del empleo y del mercado de trabajo" y porque transforma al SEPE en una Agencia Estatal que pasa a tener "un papel residual como intermediador laboral" mientras se potencia a las empresas de trabajo temporal y agencias privadas de colocación.

La CIG ha alertado de la "precarización del mercado de trabajo" y el crecimiento de la contratación fija-discontinua y la parcial, además de intensificarse "la valoración del capital frente al trabajo". Carril ha recordado que en noviembre reclamaron al Gobierno nacional la convocatoria de la Comisión Ejecutiva del SEPE para "discutir la reforma" que el Ejecutivo quiere llevar adelante y la semana pasada pidieron una "reunión urgente".

Propuestas para una reunión urgente

En este contexto, han presentado una batería de propuestas, entre ellas, unas nuevas tablas en la cotización en el concepto de desempleo que las empresas tienen que pagar, de forma que el tipo general del 5,50 solo sea aplicable a la contratación indefinida a tiempo completo y pase a ser del 6,70 para el resto de la contratación indefinida a tiempo parcial y fija discontinua.

Además, el tipo actual de 6,70 para la contratación de duración determinada a tiempo completo y parcial debería pasar al 7 y el tipo de cotización al desempleo de los trabajadores contratados de forma temporal tendría que ser, según la CIG, del 1,55, sea cual sea la duración y jornada de contrato, no la actual del 1,60.

A las empresas que apliquen un ERTE de duración igual o superior a 12 meses les piden que paguen el 6 durante los meses de vigencia de ese procedimiento.

También defienden la recuperación del papel de los servicios públicos de empleo, la transferencia a Galicia de todas las competencias pendientes, entre ellas la formación para el empleo, o mejorar la inversión pública en los servicios públicos de colocación y suprimir las ETT y agencias privadas de colocación en la intermediación laboral.

Además piden que el salario mínimo interprofesional sea de 1.253 euros en catorce pagas, "en cumplimiento de la Carta Social Europea" y que el SMI sea el "único indicador" para establecer el umbral de ingresos para ser beneficiario de una prestación, no el IPREM (Indicador público de renta de efectos múltiples).

Mejorar las cuantías de las prestaciones contributivas por desempleo, de forma que en los primeros 180 días de prestación se cobre el 75 % de la base reguladora y a partir del 181, el 65 % es otra de sus reivindicaciones, así como que en ningún caso la prestación por desempleo sea "inferior al SMI".

También entienden que los fijos discontinuos deberían tener derecho al subsidio por desempleo sin exigirles requisitos previos de tiempo mínimo cotizado y que su duración sea, como mínimo, de seis meses.

Solicitan, además, la aprobación de una renta de inserción laboral y social en sustitución del ingreso mínimo vital y de la renta activa de inserción idéntica al SMI para mayores de 18 años que no dispongan de prestación y que vaya acompañado de orientación laboral.