Abogados y procuradores del turno de oficio podrían ir a la huelga indefinida a partir del 21 de noviembre
CIG Xustiza exige a la Xunta de Galicia que comience la negociación sobre el teletrabajo que, a su juicio, lleva tres años de retraso
Fachada de la Audiencia Provincial de A Coruña / Cabalar (EFE)
A Coruña
Los abogados y procuradores del turno de oficio han acordado en asamblea ir a la huelga a partir del 21 de noviembre. El 95% de los asistentes votaron a favor del paro. Denuncian que están sosteniendo con su dinero un servicio esencial como es el de la justicia gratuita sin que se les reconozcan derechos laborales básicos. Denuncian que la Xunta, que tiene las competencias que la obligan a pagar a estos profesionales, no cotiza por ellos ni les paga las guardias ni les asegura unas condiciones mínimas. La huelga responde a una convocatoria a nivel estatal que afectará a todas las comunidades. Antes de estas asambleas se han entrevistado con todos los grupos políticos reclamando soluciones a su situación.
La Plataforma Marea Negra, que agrupa a las asociaciones y profesionales perjudicados por la delicada situación que atraviesa el colectivo, denuncia que son los propios abogados los que sostienen el servicio con sus recursos ya que pagan sus desplazamientos cuando prestan el servicio gratuito y no se les compensan las horas a pesar de que Xunta y Colegio de abogados son sus empleadores. Están sosteniendo ahora la ampliación de sus servicios a mujeres víctimas de violencia machista u otros colectivos.
Señalan que no hay un censo oficial sobre abogados de turno de oficio, un servicio al que se apuntan los profesionales de forma voluntaria para buscar una vía de actividad o, en otros casos, para apoyar la justicia gratuita.
El Colegio de Abogados calcula que hay unos 700 profesionales en A Coruña que prestan sus servicios en el turno de oficio.
Hora 14 A Coruña
CIG Xustiza exige a la Xunta de Galicia que comience la negociación sobre el teletrabajo que, a su juicio, lleva tres años de retraso
Los funcionarios de la administración de justicia piden una regulación real del teletrabajo en su sector después de que el Ministerio haya decretado el fin de esta modalidad de actividad que se mantenía en este ámbito en las mismas condiciones decretadas durante la pandemia. Exigen a la Xunta de Galicia que comience una negociación que, a su juicio, lleva tres años de retraso. En las últimas horas CIG Xustiza, mantenían un primer encuentro en el que la administración gallega dejaba en manos del Ministerio la búsqueda de una solución en lo que los trabajadores considera que es una dejación de funciones. Hay casi cuatro mil funcionarios afectados por esta situación en Galicia, cerca de mil quinientos en A Coruña.
Recuerdan a la Xunta que tiene las competencias en la administración de justicia y que el Estado deriva presupuestos y medios para que se ocupe de la gestión. A juicio de los trabajadores la actitud de la Xunta de Galicia les lleva a una situación de desamparo ya que la sugerencia del Director xeral ha sido mantener la situación actual y evitar la sanción para el funcionario que en un momento determinado necesite teletrabajar.
El teletrabajo decretado por la pandemia se mantenía sin mayor regulación en este sector. El Ministerio ha exigido ahora que la atención presencial quede garantizada siempre y especialmente durante el horario de audiencia pública, sin que pueda restringirse a la cita previa. Los funcionarios exigen una regulación del teletrabajo que se ha producido en el resto de ámbitos de la administración y piden a la Xunta que negocie con ellos las condiciones de su nueva situación.
La totalidad de los funcionarios se han incorporado a sus puestos de trabajo, según los sindicatos.
