Solamente el 37 % de los abortos que se practican en el área sanitaria de A Coruña se realizan en la sanidad pública

A Coruña

Solamente el 37 por ciento de los abortos que se practican en el área sanitaria de A Coruña se realizan en la sanidad pública, el 63 por ciento se llevan a cabo en clínicas privadas. Son datos de CCOO que indican, en contraste, que en Vigo el cien por cien de los abortos se realizan en centros del SERGAS, el 91 por ciento en Santiago y el 51 por ciento en Ferrol. Comisiones Obreras ha decidido llevar ante la Valedora do Pobo la decisión de la Xunta de externalizar los abortos que debe realizar la sanidad pública para que los practiquen clínicas privadas. La administración gallega ha licitado un contrato por valor de 1,4 millones de euros para que clínicas privadas asuman derivaciones del SERGAS con este fin, en pleno mes de agosto. Un contrato que, a juicio del sindicato, afectaría a todos los abortos.

El sindicato solicita a la Valedora do Pobo que actúe para que el Gobierno gallego cree el registro de profesionales objetores de conciencia previsto en la legislación, algo a lo que, hasta hoy, se ha negado el gobierno de Alfonso Rueda. Considera que el montante del concurso es suficientemente abultado, puede llegar a los 4 millones de euros con las prórrogas, para que se ese dinero se invierta en la sanidad pública para mejorar el servicio. Considera que la decisión tiene un claro sesgo ideológico. Amelia Pérez, secretaria xeral de CCOO en Galicia ha estado en entrevista en Hoy por Hoy en las Rías.

Lo cierto es que, según sus datos, seis de cada diez abortos que se practican en Galicia cada año se realizan en clínicas privadas. El sindicato critica que la sanidad pública gallega no disponga de los medios para responder al ejercicio de un derecho de las mujeres reconocido por ley que deben poder llevar a cabo en el Sergas ni tampoco se plantee aumentar las dotaciones de profesionales y medios para que se pueda cumplir con esa obligación. Acusa a la Xunta de derivar recursos para "financiar a la empresa privada" en lugar de hacer que la pública cumpla su función.

Para CC.OO. el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, actúa "al margen de la ley y del feminismo" con la licitación de un contrato "en pleno verano" que "pone en riesgo que las mujeres puedan elegir libremente".

Sanidade justifica el contrato para externalizar abortos

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La Consellería de Sanidade ha insistido este miércoles en que la licitación que blinda la derivación de abortos obedece a “una recomendación del Consello de Contas” y, en cuanto al registro de objetores para la realización de abortos, ha instado a los sindicatos a que dirijan sus críticas al Ministerio de Sanidad "por el retraso" en su regulación.

Fuentes de la Consellería han explicado a Efe que con la tramitación de la contratación externa se ahorran trámites ya que una sola interrupción que se haga fuera del Servizo Galego de Saúde (Sergas) tiene que ser licitada.

Pese a esta licitación firmada por la Xunta la pasada semana por un valor estimado de casi 1,4 millones de euros, la Consellería insiste que de cara a la atención y prestación de servicios al paciente “no cambia nada”.

“Sigue siendo la mujer la que tiene la última palabra” sobre el tipo de centro en el que quiere realizar la interrupción de su embarazo.

Así las cosas, recuerda que el porcentaje de abortos que se realizan en la sanidad privada en Galicia es menos de la mitad de la media de España puesto que a nivel estatal la media de intervenciones en clínicas privadas asciende al 78 % mientras en Galicia se sitúa en el 30 %.

De este modo, Sanidade reitera que la licitación no altera la forma de prestar el servicio en el Sergas y que “de ninguna manera la licitación supondrá incrementar los abortos en la privada”.

Por otra parte, ha subrayado, ante las críticas de sindicatos y partidos políticos, que el registro de objetores para la realización de abortos “está pendiente de regularse por el Ministerio de Sanidad”.

De este modo, señala que será el Ministerio a través del Consejo Interterritorial quien propondrá a las comunidades autónomas las condiciones del registro de profesionales objetores.

“El sindicato CIG, y el sindicato nacional de CCOO en vez de apuntar a Galicia equivocadamente, como responsable debe dirigir sus críticas al Ministerio de Sanidad por el retraso en esta importante regulación”, reiteran desde el departamento gallego de Sanidad.

Al respecto, inciden en que los profesionales sanitarios del sistema gallego de salud no objetores están practicando con total normalidad las interrupciones de embarazo, por lo que un cien por cien de abortos “se está haciendo en Galicia sin necesidad de tener que ir fuera de la comunidad autónoma”.

Asimismo, desde la Consellería aseguran que el Sergas está desarrollando planes organizativos para seguir incrementando el número de intervenciones de este tipo que se realizan en la sanidad pública.

Las gerencias de las áreas sanitarias tienen conocimiento de los profesionales que ejercen su derecho de objeción de conciencia a la realización de interrupciones voluntarias del embarazo, lo que permite esa garantía de realización de intervenciones en centros públicos en las siete áreas sanitarias gallegas, concluyen.