Los sindicatos de Justicia avisan sobre la "bola de nieve" que se formará si no se les escucha
Esta mañana medio centenar de trabajadores se concentraba a las puertas de los juzgados de A Coruña
A Coruña
Continúa la pugna entre el ministerio de Justicia y los funcionarios de la Administración. Esta mañana medio centenar de trabajadores se concentraba a las puertas de los juzgados de A Coruña.
Los sindicatos CSIF, STAJ, CC.OO y UGT han convocado paros totales que comenzarán el próximo 4 de mayo y seguirán del 9 al 11 y del 16 al 18 del mismo mes. Los juzgados, ya tensionados por el conflicto con los letrados judiciales, enfrentan esta nueva convocatoria junto a la amenaza de huelga indefinida de los jueces y fiscales.
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Hasta el momento los empleados públicos de Justicia estaban llamados a realizar paros parciales de 10 a 13 horas. Con todo, el seguimiento en A Coruña ha sido testimonial. Los sindicatos lo cifran en un 15%, mientras que la Xunta lo rebaja a poco más del 1%. Sergio Riveiros, delegado de UGT, reclama mejoras salariales "acordes con sus funciones" y alerta de que la ley de Eficiencia Organizativa afectará a los ciudadanos, cancelando la apertura de partidos judiciales prevista en localidades como Betanzos.
Denuncian la falta de negociación con el Ministerio que dirige Pilar Llop. La última reunión se celebró este lunes, pero ante la falta de acercamiento, los trabajadores han decidido intensificar los paros.
La justicia española está tensionada y desgastada. A los conflictos de los letrados y los funcionarios se suma la amenaza de jueces y fiscales de ir a huelga indefinida a partir del 16 de mayo. Reclaman también subidas salariales y la reducción de sus funciones.
Bajo seguimiento de los funcionarios de la Administración en Galicia
La subida salarial que solicitan los funcionarios de la administración depende del Ministerio, por lo que la mesa de negociación tiene lugar en Madrid. Los funcionarios de Galicia ya alcanzaron en 2018 una subida después de convocar una huelga autonómica que se extendió durante casi 4 meses.
USO, el sindicato mayoritario en Galicia no secunda la huelga. Tampoco lo hace la CIG, para la que el conflicto "todavía está muy reciente" y que en 2018 tuvo "consecuencias nefastas" para los juzgados. Es el motivo por el que la central sindical no secunda el paro, pero sí las movilizaciones.
"Reclamamos la modificación de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO), que no fue negociada por la parte social y va a tener mucho impacto en la ciudadanía y en los trabajadores. Esta situación incide fuertemente en el retraso endémico que sufrimos y nos movilizamos en defensa de los servicios públicos", ha explicado en A Coruña Sergio Riveiros, de UGT.
También demandan una definición de "funciones y responsabilidades" clara, pues ha recordado que "los letrados consiguieron un aumento de emolumentos por unas funciones que están derivadas" y realmente desempeña el colectivo de funcionarios.
"Queremos que de una vez por todas que esta ministra (Pilar Llop) atienda a razones. Tenemos pronto una huelga de jueces y fiscales. Que atienda la bola de nieve que se pueda experimentar en los juzgados", ha continuado.
Considera que, hasta ahora, "el Ministerio está jugando al desgaste", pues el seguimiento ha bajado, según sus datos, a un 25%.
Los paros llegan tras más de dos meses de huelga de letrados de la Administración de Justicia y una subida salarial para este cuerpo de unos 600 euros al mes -al sumar el acuerdo y otra subida previa-, por lo que los sindicatos de la mesa sectorial han demandado extender las mejoras a todo el funcionariado.
Es uno de los motivos que los lleva a la huelga, en la que demandan un reconocimiento profesional y retributivo de las funciones que realmente realiza el personal de juzgados, tribunales, fiscalías y demás servicios judiciales.
Los convocantes también advierten sobre la posible implantación de los tribunales de instancia por la nueva ley de eficiencia organizativa que, si se aprueba, creen que supondrá un esfuerzo para todo el personal e incluso modificar sustancialmente las condiciones de trabajo.
Hasta ahora no ha habido acuerdo con el Ministerio de Justicia, pero el colectivo espera que se reconozcan sus reivindicaciones como se hizo con los letrados, que representan en torno a un 2 % del funcionariado del área.
La huelga está convocada para todo el Estado, pero hay diferencias entre las comunidades autónomas a nivel salarial, pues son doce las que tienen las competencias transferidas -Galicia, Madrid, Cataluña, Andalucía, Aragón, Valencia, Canarias, Euskadi, Navarra, La Rioja, Cantabria y Asturias- y otras cinco -Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia y Baleares- junto con las ciudades autónomas están gestionadas directamente por el Ministerio.
Esto hace que haya trece territorios -cada comunidad más uno único del Ministerio- que establezcan condiciones diferentes, con algunos complementos iguales al depender del Estado y otros distintos establecidos por cada comunidad, que provocan importantes disparidades salariales entre el funcionariado.
Hora 14 A Coruña
