Las familias del doble crimen del Cash Record avanzan que recurrirán si finalmente se absuelve al procesado
La fiscalía finalmente no acusa, al "no haber indicios suficientes"
El principal sospechoso del doble crimen del Cash Record, un hostelero que ahora reside en Burgos / EUROPA PRESS (EUROPA PRESS)
Lugo
Las familias del doble crimen del Cash Record han adelantado hoy que recurrirán sí finalmente la audiencia provincial de Lugo absuelve al procesado, un hostelero que regentaba el bar “Los Ángeles” en el centro de Lugo en el año 94 y que ahora reside en Burgos.
Última jornada del juicio, donde finalmente la fiscalía no ha acusado al “no haber indicios suficientes” y donde las acusaciones particulares, que representan a las familias y a Cash Record, han requerido 28 años de prisión, diez por cada asesinato, ocho por robo con violencia y dos meses más por tenencia ilícita de armas.
La hermana de una de las víctimas, de la cajera Elena López, ha confesado que después de cinco días de juicio, “ya nos está costando llegar al final, pero estamos esperanzados y la pena es que esto no se hubiera hecho antes”.
Isabel López ha afeado que “parece que a la gente que hace bien su trabajo no la escuchan y la gente que lo hace mal la arropan”, clamaba con cierto énfasis.
No obstante, ha ponderado que “hasta aquí hemos llegado, que era lo que queríamos que era sentarlo en el banquillo y ahora a ver si logramos que se haga justicia”.
Interpelada sí estaban dispuestos a ir más allá “de aquí”, por el juicio en la audiencia no ha dudado en soltar “y más allá de aquí sí es necesario”, al respecto de un hipotético recurso.
También se ha pronunciado la cuñada del reponedor, Estebán Carballedo, que ha precisado que las familias habían llegado “a no creer en la justicia, solo parecía que era para ricos”. Con este juicio espera “creer y volver a tener fe en la justicia”.
Uno de los abogados, Gerardo Pardo de Vera, ha destacado que hay “muchos indicios, que han quedado patentes”, que incriminarían a este hostelero, nacido en Barakaldo (Vizcaia).
A su juicio “hay una carga probatoria suficiente para concluir con una condena, y además destacaría, las mentiras y patrañas del acusado que se han ido desmontando una a una”.
La criminóloga, Carmen Balfagón, confirmaba finalmente que mantenían la pena de 28 años de prisión para el acusado.
