Más de medio millar de personas muestran su rechazo ante la muerte ‘evitable’ de la educadora social
CCOO pide que el asesinato se evalúe también como accidente laboral y la empresa asuma responsabilidades

Concentración a las puertas de la DG de Servicios Sociales, Inclusión, Infancia y Familia

Mérida
Más de medio millar de personas, muchos de ellos profesionales de los distintos ámbitos de los servicios sociales, pero también muchos ciudadanos, se han concentrado a las puertas de la Dirección General de Servicios Sociales, Infancia y Familia de la Junta de Extremadura para mostrar la repulsa social ante el asesinato de Belén, la educadora social que fallecía el domingo a manos de tres menores en el piso de tutelado de Badajoz en el que trabajaba.
Durante la concentración, que ha sido convocada por el sindicato Comisiones Obreras de Extremadura, los trabajadores de los sectores implicados han mostrado pancartas con leyendas como 'Todos somos Belén', 'No podemos educar sin ser 'autoridad', o 'Que el trabajo no nos cueste la vida', consignas que también han coreado acompañados por cuidadanos que no "podemos entender cómo se llegar a estas situaciones", explicaba una emeritense durante la protesta. Era el objetivo que se pretendía, mostrar la repulsa social ante un asesinato "que pudo haberse evitado" y para "exigir responsabilidades" y "cambios fundamentales en los servicios sociales", ha explicado la responsable del sindicato extremeño, Encarna Chacón.
La secretaria general de comisiones ha apostado por que servicios como los de los centros de menores, pisos tutelados y de cumplimento de medidas judiciales, tanto en regimén abierto, como semiabiertos, sean gestionados por la administración regional "que tengan recursos, que haya financiación suficiente, que las empresas no se vayan de rositas cuando se incumplen las normativas básicas de prevención de riesgos laborales".
Chacón ha insistido en el hecho de que, independientemente de los resultados del proceso judicial, en el ámbito laboral el suceso sea tratado como "accidente laboral" y que la administración y la inspección de trabajo deberán intervenir para determinar si existían protocolos para alertar de situaciones de violencia en los centros o si existen protocolos por parte de la Fiscalía para evitar estas situaciones, así como que la empresa concesionaria tenga su responsabilidad.
Además de ello, desde el sindicato se exige el cumplimiento del convenio y poner fin a las externalizaciones de un sector que debe volver a estar "en manos de lo público" para garantizar la "calidad", las ratios, los protocolos y la salud de los trabajadores.
En este sentido, van a exigir a la administración que las licitaciones de concesión de servicio no se hagan a la baja "sino con mayor financiación", además de pedir auditorias en todos los centros y pisos tutelados y de cumplimiento de medidas judiciales para conocer "en qué condiciones están".
En la misma línea de gestión directa del servicio y licitaciones más altas se ha pronunciado del diputado de Unidas por Extremadura en la Asamblea José Antonio González. "Esto tiene que servir para un punto y aparte, para dar una vuelta a cómo está funcionando el sistema público de servicios sociales, con una extrema precariedad. Evidentemente, pedimos ya una revisión urgente de las licitaciones a la baja y de la situación a día de hoy de extrema precariedad de estos recursos".
Manifestación en Badajoz
En la misma línea, la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Extremadura, Lourdes Núñez, ha llamado a "templar" los mensajes de odio que no favorecen "ni a determinados menores, ni a los profesionales. Lo que hay que poner el foco es en la seguridad de las trabajadoras que trabajan en precario porque no se licita en unas condiciones realmente aceptables.
Todos los sindicatos con presencia en la región, colegios profesionales de los ámbitos implicados y entidades ciudadanas han anunciado una gran manifestación el próximo sábado 22 de marzo en Badajoz. Será a las doce de la mañana en la Plaza de España.