Vox amenaza de nuevo al Gobierno de Guardiola sino apoyan la derogación de la Ley LGTBI

Badajoz

El grupo parlamentario Vox en la Asamblea de Extremadura amenaza de nuevo a la Junta de Extremadura con no apoyar sus medidas de gobierno si rechazan las iniciativas de la formación de extrema derecha en el parlamento regional. La última ha venido a cuentas de la propuesta de derogar la Ley LGTBI aprobada por mayoría en la cámara autonómica en 2015.

Desde este partido de la oposición hablan de esta ley como "trans" y quieren acabar con ella porque dicen que quieren proteger a los menores y mujeres, además de preservar la igualdad entre todas las personas. La ley que atacan ahora desde Vox es la Ley 12/2015, de 8 abril, de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género.

Entre los argumentos que esgrimen desde esta formación para acabar con ella, que la normativa vigente permite que menores accedan a tratamientos médicos agresivos, como hormonaciones a niños de 8 o 10 años y cirugías irreversibles, sin la necesidad del consentimiento paterno en muchos casos o también consideran que estas leyes fomentan un adoctrinamiento ideológico en las aulas con contenidos que carecen de rigor científico y sentido común.

Desde la Junta de Extremadura se han mostrado en contra de acabar con la ley, ya que asegura que la igualdad de derechos es un principio irrenunciable para el gobierno regional. "El Gobierno de la Junta muestra su más absoluto rechazo a derogarla, esta ley ni ha sido cuestionada, ni se cuestiona ni se cuestionará por parte del ejecutivo de María Guardiola", decía la portavoz regional Victoria Bazaga.

Por su parte el Grupo Parlamentario Vox ha advertido al Gobierno extremeño, tras conocer que el PP no va a respaldar su nueva propuesta, que su apoyo finaliza con el acuerdo de medidas fiscales. "El apoyo de Vox no lo tienen, así que tienen tres posibilidades, agárrense al poder como puedan, convoquen elecciones o sométanse a una cuestión de confianza, una fórmula rápida, sencilla e indolora", incidía el diputado Óscar Fernández que aprovechaba para recordarle a la Junta de Extremadura que está en minoría y que los necesitan para sacar adelante muchas medidas. Asimismo, el diputado de Vox también ha lamentado que el PP tampoco respalde otras dos de sus propuestas, la reforma de la ley sindical y la eliminación de la ecotasa de la central de Almaraz.

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El consejero de Presidencia, Abel Bautista, ha intentado rebajar la tensión con sus socios de gobierno hasta menos de un año, aseguran que desde la Junta de Extremadura no se opone a la tramitación de ninguna iniciativa, no ponen cordones sanitarios, pues siempre son analizadas y discutidas con independencia del partido que presente las propuestas de ley.

Los más críticos en el debate en la Asamblea de Extremadura ha sido el grupo que preguntaba al gobierno regional, Unidas por Extremadura y su diputada Nerea Fernández que ha puesto en duda el anunciado rechazo del ejecutivo a derogar la Ley LGTBI. "También dijeron que no cambiarían la Ley de Memoria Histórica de Extremadura y ahora han pactado con Vox en derogarla, ustedes son como Pimpinela, unas veces me enfado y otras te quiero", ha dicho Fernández.

Con estas palabras la diputada de la formación de izquierdas se refería al acuerdo al que llegaban hace unas semanas Partido Popular y Vox en la comunidad para derogar la Ley de Memoria Histórica y pactar una nueva Ley de Concordia con la ultraderecha, después de decía en semanas anteriores que no iban a eliminar la legislación de memoria de las víctimas de la Guerra Civil que aprobaba el anterior ejecutivo extremeño de Guillermo Fernández Vara. El detonante para llegar al acuerdo de acabar con la ley fue la firma para que salgan adelante un decreto de medidas fiscales que presento el gobierno de María Guardiola tras no sacar adelante los Presupuestos Generales de la comunidad para el 2025 por falta de apoyos en la oposición, entre ellos Vox.

Desde Fundación Triángulo Extremadura consideran que es una propuesta innecesaria, apelan a los grupos parlamentarios sensatos en el hemiciclo a que no la apoyen. "Lamentamos mucho que los diputados de Vox, que cobran un sueldo público, no se hayan leído la ley, no dice nada de los que ellos alegan, es una norma que lleva en vigor diez años y que solo plantea mejoras para la vida de muchos extremeños y extremeñas", aseguraba en la Cadena SER la presidenta de la organización Silvia Tostado.

Tostado asegura que la norma implica visibilidad del colectivo o sentirte protegida en caso de discriminaciones. "Extremadura se posicionó en la vanguardia de posicionamiento desde días institucionales y la aprobación de esta ley, fuimos los segundos después de Cataluña, es un debate estéril y desde el activismo no vamos a dar un paso atrás", contaba la dirigente de Triángulo.

Una ley que según el colectivo supone tener un marco ante las discriminaciones en los trabajos o en los centros educativos. “La normativa nos ha permitido acompañar a personas que la han necesitado, al final la norma refleja como es la sociedad extremeña. Ha hecho a Extremadura mejor y a que se posiciones en la defensa de los derechos humanos”, contaba Silvia Tostado.