Los chicos detenidos por la muerte de una educadora en Badajoz robaron en una cafetería días antes

Badajoz

Sábado 1 de marzo a las 18:00 horas, es la última vez que se ve a D.G.P de 14 años y a JJ.G. de 15 años, en un puente de la ciudad de Badajoz. Ambos se habían escapado de la vivienda en la que residen cumpliendo medidas judiciales en la calle Castillo de Benquerencia en la Urbanización Guardiana de la capital pacense. Han llegado hace poco hasta este lugar, menos de un mes, vienen procedentes de Mérida de donde han sido trasladados por los numerosos delitos que acumula uno de ellos, en concreto el menor de 15 años que suma más de medio centenar entre robos de establecimientos o robos de coches.

Durante esos días la familia del menor de 14 años lanza un comunicado a los medios de comunicación pidiendo colaboración para localizarlo, investigación que asume la Policía Nacional y que concluye con su localización el viernes 7 de marzo. Durante esos días en paradero desconocido, estos dos chicos se quedan en la calle algunas noches y a partir del miércoles 5 de marzo se alojan en la vivienda de la madre del menor de 15 años en Villafranca de los Barros (Badajoz), la causa que los lleva a ser localizados es el robo que ejecutan en una cafetería de la localidad.

Fuentes del PAÍS informan que J.J.G es un menor multireincidente, con acumulación de delitos, sin embargo, el menor de 14 tiene otro perfil, ya que se encontraba tutelado por la Junta de Extremadura al pegar en diferentes ocasiones a su padre. Desde el momento de la localización de los menores hasta el asesinato de la educadora social Belén Cortés pasan dos días, un suceso que se registra el domingo 9 de marzo por la noche.

Una vez que los menores eren detenidos por el robo en Villafranca de los Barros la Guardia Civil les toma declaración de lo ocurrido, posteriormente tenía que llegar el turno de la Fiscalía de Menores, pero el sábado no hay fiscal de menores de guardia, por lo que los agentes se ven obligados a devolver a los menores a la Junta de Extremadura que es quien tiene la tutela.

Voces de la abogacía critican el hecho de que no se tomase declaración a estos chicos, ya que sobre todo el de 15 años era peligroso y tenía varios delitos a sus espaldas, "No se entiende que después de haber estado varios días sin aparecer, roban en la vivienda de la Junta antes de fugarse y posteriormente en un negocio, no se les tome declaración por parte de la fiscalía", dice esta fuente.

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La persona encargada de recoger de la Guardia Civil a los menores la noche del viernes 7 al sábado 8 es Belén Cortés, la mujer de 35 años que sería asesinada por ellos pocas horas después.

Los compañeros de la educadora asesinada criticaban que la Junta de Extremadura no tomase medidas más contundentes ante una situación de riesgo real como era este. “Los inmuebles donde se llevan a cabo estas medidas no cuentan con seguridad, ni con cámaras de vigilancia, por lo que se vive una situación de indefensión”, decían a las puertas del centro de medidas penitenciarias Marcelo Nessi.

Por otro lado, durante el pasado fin de semana, el padre de D.G.P de 14 años pone una denuncia ante la Guardia Civil después de que su hijo declarase ante los agentes que la madre del chico de 15 años les había facilitado drogas. El progenitor manda la denuncia interpuesta a la educadora asesinada para solicitar un cambio de domicilio para su hijo.

Sobre la cuestión de que no se tomase declaración por parte del fiscal de menores a los chicos una vez detenidos el viernes 7 de marzo, el Fiscal Superior de Justicia de Extremadura, Francisco Javier Montero ha dicho a EL PAÍS que se va a abrir una investigación sobre lo sucedido, pero que durante el fin de semana no hay fiscal de guardia para menores. "Todo ha sucedido muy rápido, los atestados tienen sus tiempos. Hay que tener en cuenta que durante los fines de semana no hay guardia en los juzgados de menores, hay que investigar muchas cosas, pero sobre todo lo que pretendemos es que no vuelvan a ocurrir", cuenta Montero. Para ello se van a reunir en Cáceres el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, la Fiscalía y Junta de Extremadura.

Desde la consejería de Salud y Políticas Sociales han reconocido que existían incidencias abiertas, sin rango de denuncia, a los tres menores implicados por parte de diferentes trabajadores, pero no por la mujer asesinada. La vivienda donde se alojan menores como estos está gestionada por una empresa externa, la consejera Sara García Espada dice que no le consta que existiera ninguna denuncia de la educadora asesinada con respecto a los tres menores implicados, aunque sí existían por su parte denuncias previas a otros usuarios que ahora no ocupan el recurso. "Somos conscientes de la importancia de garantizar entornos de trabajo seguro para los profesionales que dedican su vida a la atención y educación de menores en situación de vulnerabilidad", ha dicho esta responsable pública.

En el pliego actual con la empresa se establecía que al menos tenía que existir un trabajador por turno, como sucedió en la noche del pasado domingo cuando la educadora fue golpeada y asfixiada con un cinturón. En ese sentido, Sara García Espada ha adelantado que los nuevos pliegos que ya prepara su departamento contemplan un refuerzo de personal para estas viviendas tutelada y para elaborarlos escucharán a las partes implicadas.

Sobre las incidencias con los menores, como la fuga de casi una semana a comienzos de marzo, desde la Junta de Extremadura dicen que una vez que se comunican las incidencias de los menores en este tipo viviendas tuteladas, corresponde a la Justicia determinar si es necesario un cambio de recurso y, en ese sentido, ha indicado que los trabajadores le han comunicado la necesidad de que se puedan establecer medidas cautelares urgentes cuando ellos detecten comportamientos conflictivos.

También ha reconocido que estas viviendas tuteladas en régimen abierto, a diferencia de los centros de internamiento para el cumplimiento de medidas judiciales, como el Marcelo Nessi de Badajoz, no cuentan con personal de seguridad ni cámaras.

Otra de las reivindicaciones de los trabajadores que se centraban esta semana en diferentes ciudades de Extremadura es la revisión de la ley del menor. El Fiscal Superior de Justicia de Extremadura dice que la ley lleva vigente desde el año 2000 y a lo mejor es el momento de plantearse una reforma. "Tiene que ser pausada, tranquila y razonable, hay cuestiones que hay que analizar como la edad del menor, qué hacer cuando traspasan los 18 años en los centros, pero con un debate sereno y sosegado", incidía Francisco Javier Montero.