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Concentraciones en marzo contra la paralización de los procesos de estabilización y traslado de empleados públicos

Convocadas por UGT tendrán lugar en Don Benito, Cáceres, Plasencia, Badajoz y Mérida

La responsable de Servicios Públicos de UGT, Erica Gutiérrez junto a trabajadores afectados presentando las movilizaciones./ UGT

La responsable de Servicios Públicos de UGT, Erica Gutiérrez junto a trabajadores afectados presentando las movilizaciones./ UGT

Mérida

El sindicato UGT Servicios Públicos (SP) Extremadura ha convocado hasta cinco concentraciones durante este mes de marzo para denunciar la paralización de los procesos de estabilización y traslado de personal laboral y funcionario en el cuerpo de administración general de la Junta de Extremadura.

Las protestas pretende, según la responsable del sector autonómico de UGT Servicios Públicos Extremadura, Erica Gutiérrez, poner de manifiesto el "malestar" que existe por la paralización de esos procesos que siguen "sin fecha de incorporación para los trabajadores fijos a través de los concursos de traslado, ni para los aspirantes que van a adquirir su puesto en el proceso de estabilización por el concurso de oposición o por el concurso de mérito".

La primera de las concentraciones será el lunes, 10 de marzo, en el Centro Nuestra Señora de las Cruces de Don Benito y la segunda el 14, en la Residencia El Cuartillo de Cáceres. En la tercera semana del mes tendrán lugar las que se hagan a las puertas de la Residencia Los Pinos de Plasencia y Residencia La Granadilla de Badajoz, el día 19 y 21 de marzo respectivamente, para finalizar y el 26 de marzo, ante el edificio administrativo de Morería de Mérida y que concluirá en la Consejería de Hacienda y Administración Pública "máxima responsable de esta paralización".

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Son casi cinco mil los empleados públicos, entre funcionarios de carrera y personal laboral, los afectados por estos procesos. El concurso de traslados está paralizado hasta que no finalice la estabilización de personal laboral. Estos últimos están afectados por un proceso similar en todas las comunidades autónomas que deviene de la ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público de 2021 y que, en principio, se dijo que debería estar finalizado antes del 31 de diciembre de 2024, una fecha límite que luego cambió para todos a causa de una interpretación que fijó como esa fecha como límite para el inicio de los procesos en todas las comunidades.

 

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