El protocolo contra el acoso sexual y por razón de sexo regional establece dos procedimientos para denunciar agresiones
La administración investigará las denuncias y las podría poner en conocimiento del ministerio fiscal
Momento de la firma entre la Consejera de Administración Pública y la Secretaria de Igualdad en presencia de los sindicatos
Mérida
Tras más de dos décadas desde que la Ley nacional para la igualdad efectiva para hombres y mujeres lo estableciese como mecanismo de prevención en empresas de más de 500 trabajadores y 14 años desde la aprobación de la Ley de Igualdad de Mujeres y Hombres y contra la Violencia de Género de Extremadura que lo establecía como obligatorio en el territorio extremeño, Junta de Extremadura y sindicatos con representación en todos los ámbitos de la administración regional firman el primer protocolo de prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo que pretende "garantizar la seguridad en el entorno laboral, para que sea un entorno seguro y libre de violencia sexual y discriminación por razón de sexo" en todos los ámbitos laborales del gobierno regional.
El protocolo, que recoge "el compromiso férreo" y "tolerancia cero" con las agresiones sexuales o por razón de sexo dentro de la administración regional, tendrá vigencia hasta 2029 y afecta a todos los empleados públicos de la Administración general, Educación y Sanidad, así como al personal estatutario laboral, personal docente no universitario y personal en formación. Se regirá por los principios de "confidencialidad, respeto absoluto a las víctimas, de imparcialidad, de prohibición de represalias, y reconociendo el derecho que tienen todas las víctimas tanto de ser informadas como asistidas desde el primer momento y a lo largo del procedimiento", según ha señalado la Secretaria general de igualdad y Conciliación de la Junta de Extremadura, María del Ara Sánchez Vera y tendrá dos formatos de denuncia ante cualquier situación o indicio de ella "que pueda ser constitutivas de acoso verbal, no verbal, físico y digital"
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Procedimientos
El primero de ello es el denominado "procedimiento informal" que se inicia con una comunicación, a través de un correo electrónico habilitado, ante el "asesor confidencial" -uno por cada ámbito laboral de la administración regional- al que cualquier trabajador "que esté viviendo una situación que pueda suponer o pueda ser constitutiva de cualquier acto de acoso sexual o por razón de sexo" puede dirigirse para notificar ese hecho.
En el caso de que el empleado o la empleada afectado considere que la solución aportada por la administración no le satisface o considera que quiere seguir adelante con la denuncia, se acide al "procedimiento formal". En este caso, será una comisión instructora -también nombrada una por ámbito laboral- la que tenga conocimientos del hecho, realice una investigación más profunda y proponga la adopción de medidas cautelares. En su caso, la actuación de esta comisión finalizará con un informe propuesta que se elevará al órgano correspondiente de gestión del personal, para que, con fundamento en esta comisión, pueda también sancionar de forma disciplinaria al autor de la agresión, imponer medidas correctivas, alguna otra como cambio de turno o separar del espacio físico al presunto agresor de la víctima.
En este sentido, si se advierte que los hechos puedan ser constitutivos de algún delito se pondrán en conocimiento del ministerio fiscal.
El protocolo contiene además un amplio de programa de sensibilización, comunicación y formación a los trabajadores. En el caso de este último aspecto se pondrá en marcha además de manera inminente en la primera semana de marzo.
Día histórico
"Es un día histórico. A partir de hoy, las trabajadoras y los trabajadores de la Junta de Extremadura van a estar más protegidos que nunca frente al acoso sexual y el acoso por razón de sexo", afirmaba la secretaria general de igualdad. "Supone un avance fundamental en los derechos y en la protección de todas las trabajadoras y de todos los trabajadores de la región".
En la misma línea se han manifestado los sindicatos, reconociendo el empeño de la administración en sacar adelante este documento. "Nos felicitamos por ello porque hace mucho tiempo que veníamos reivindicando que la Junta de Extremadura, como la empresa mayor de nuestra comunidad autónoma, era la primera que tendría que tener estos requisitos obligatorios" apuntaba Amparo Galán, secretaria de Igualdad de CSI- CSIF.
Ana Hernández, responsable del Área de Igualdad de Servicios Públicos de UGT Extremadura, ha reconocido que su sindicato se "alegra" de la firma del "muy completo" protocolo de prevención y actuación de acoso sexual y por razones de sexo, y ha recordado que el mismo es "obligatorio" para todas las empresas y todas las administraciones con independencia del número de trabajadores. Ha destacado también que incluya actuaciones de prevención y sensibilización, toda vez que "hay mucho desconocimiento en la materia". Por su parte, el área de Servicios Públicos del sindicato ha pedido que se refuerce su difusión y su accesibilidad", y solicita además que se implemente formación obligatoria para todo el personal del Ejecutivo regional con el objetivo de "prevenir y erradicar cualquier forma de acoso en el ámbito laboral".
Por su parte, el coordinador del Área Pública de CCOO de Extremadura, Manuel María Nicolás, ha mostrado su satisfacción por la aprobación de un texto que era "deseado" y que, a su juicio, debería haber salido adelante ya en 2011. Ha valorado también que se trata de un protocolo que permite "no sólo luchar contra el acoso, sino también generar las condiciones
