La Guardia Civil reduce a chatarra 1.275 armas, la mayoría escopetas
Había también rifles, carabinas, pistolas, revólveres, armas de aire comprimido, detonadoras y armas blancas entre otros tipos
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Cáceres
Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes a la Intervención de Armas y Explosivos de la Comandancia de Cáceres, han llevado a cabo la destrucción de 1.275 armas, la mayoría escopetas, que por diferentes motivos se encontraban depositadas en las distintas intervenciones de Armas y Explosivos de la provincia.
Según ha informado la Comandancia este martes en nota de prensa, tras su traslado hasta una empresa siderúrgica en mayo, las armas fueron reducidas a chatarra a través de un proceso de fundición. Además de escopetas, había también rifles, carabinas, pistolas, revólveres, armas de aire comprimido, detonadoras, armas blancas y de otros tipos. Según ha apuntado la Guardia Civil, el número de armas destruidas en se ha incrementado progresivamente durante los últimos años.
Entre las armas reducidas a chatarra se encuentran las de propiedad particular cuyos propietarios han solicitado su destrucción, aquellas cuya destrucción ha sido decretada por la Autoridad judicial o administrativa las depositadas a disposición de particulares, una vez transcurrido el plazo máximo de depósito. También las que no fueron adjudicadas en la subasta de armas realizada el pasado febrero, y las incluidas como prohibidas por carecer de marcas, números o punzones obligatorios de un banco oficial de pruebas también han sido destruidas.
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Destrucción armas Cáceres / Guardia Civil
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Destrucción armas Cáceres / Guardia Civil
Además, ha recordado que, a partir de ahora, las armas depositadas por sus titulares en las distintas Intervenciones de la provincia son destruidas si en el plazo de un año no se recuperan, enajenan o inutilizan, exceptuando las armas reglamentadas que tengan un valor acreditado como patrimonio histórico. Todo ello tras la modificación del Reglamento de Armas, cuyo control de acceso legal depende de la Benemérita, y entre cuyos requisitos están carecer de antecedentes penales y la superación de pruebas teóricas y prácticas sobre su uso y manejo.