Cinco años del confinamiento: el debate judicial sobre la justificación de las normas sigue vigente

Bilbao

Este mes de marzo se cumplen cinco años del estado de alarma decretado en España debido a la pandemia de la COVID-19, una situación excepcional que conllevó una cascada de medidas restrictivas por parte de las administraciones. La legalidad de muchas de esas decisiones fue objeto de debate en los tribunales, con resoluciones que marcaron jurisprudencia y que aún hoy siguen influyendo en el análisis de nuevas regulaciones.

En 'Hora 14 Euskadi', el juez Emilio Lamo de Espinosa, presidente de la Asociación de Profesionales de la Magistratura de Euskadi y vocal de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, reflexiona sobre aquellas decisiones y la forma en que las administraciones justifican sus normas. "Cada uno hizo lo que pudo dentro de su ámbito de competencia", sostiene el magistrado, aunque reconoce que muchas restricciones impuestas durante la pandemia no fueron suficientemente argumentadas.

Las resoluciones judiciales de aquellos años, especialmente en lo referente al cierre de la hostelería y otras limitaciones a los derechos fundamentales, no siempre respaldaron los argumentos de la administración. "No se trata de enmendar la plana a la administración, sino de valorar si las medidas adoptadas eran proporcionadas, equilibradas e idóneas", explica Lamo de Espinosa en la SER. En muchos casos, los tribunales consideraron que las explicaciones médicas aportadas "no eran suficientes" para justificar restricciones tan severas.

Medidas hoy en día

El debate sobre la justificación de las medidas no se limita a la pandemia. En la actualidad, el control judicial sobre la normativa administrativa sigue siendo crucial en temas como la regulación de las viviendas turísticas o la prohibición de fumar en terrazas. "Lo que se pide es que cualquier plan o norma que se dicte esté suficientemente fundamentado y haya seguido todos los trámites procedimentales", subraya el juez.

En el caso concreto de la regulación de los pisos turísticos en Euskadi, Lamo de Espinosa detalla que en Bilbao "se está modificando el Plan General de Ordenación Urbana para establecer un marco normativo adecuado", pero insiste en que cualquier restricción debe estar respaldada por informes rigurosos. "Los tribunales no hacen valoraciones políticas, sino que se limitan a comprobar si se han seguido los cauces normativos y si la administración ha motivado bien sus decisiones", aclara.

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Resoluciones en el uso del euskera

Otro tema de actualidad es la regulación del uso del euskera en la administración pública. Sobre este punto, el magistrado recalca que la Justicia se rige por el marco normativo vigente, que establece el euskera como lengua propia del País Vasco y el castellano como lengua cooficial. "Lo que nos corresponde a los tribunales es garantizar que todas las personas puedan acceder a la función pública en condiciones de igualdad, basadas en el mérito y la capacidad", señala.

Lamo de Espinosa explica que el conflicto radica en la exigencia de acreditar un nivel determinado de euskera para acceder a determinados puestos. "Lo que no se puede hacer es exigir un nivel de euskera para todas las plazas sin excepciones, porque quedarían fuera personas que solo hablan castellano y que también están amparadas por el Estatuto y la Ley de Normalización del Uso del Euskera", argumenta.

Respecto a las críticas que han recibido los jueces por algunas de sus resoluciones, el magistrado se muestra tajante. "La crítica a las resoluciones judiciales es positiva y necesaria", admite, pero advierte que "el ataque personal a los jueces por dictar resoluciones que no gustan no aporta nada y solo genera controversia ideológica".