Sociedad

Crítica del Ararteko al ayuntamiento de Donosti por la intervención policial en un edificio okupado en Martutene

"No favorece al problema del sinhogarismo", asegura la defensoría del pueblo vasco

Crítica del Ararteko al ayuntamiento de Donosti por la intervención policial de un edificio okupado en Martutene

Crítica del Ararteko al ayuntamiento de Donosti por la intervención policial de un edificio okupado en Martutene

El Ararteko, defensor del pueblo vasco, ha censurado, en una resolución, una operación policial realizada el pasado 14 de marzo en un edificio ocupado en el barrio Martutene de San Sebastián, en la que se identificó a 56 personas y 29 de ellas fueron trasladadas para cumplimentar trámites de extranjería.

La operación fue liderada por la Guardia Municipal donostiarra, en colaboración con el Cuerpo Nacional de Policía y la Ertzaintza, y se desarrolló en el antiguo instituto de Martutene, ocupado por personas sin hogar.

Tras conocer estos hechos a través de los medios de comunicación, el Ararteko abrió una actuación de oficio y se dirigió al Ayuntamiento de San Sebastián para recabar más datos, en concreto para conocer si se facilitó o informó a estas personas de alternativas residenciales y si la operación se coordinó con los servicios sociales municipales para intentar dar respuesta a las necesidades de estas personas.

El Ayuntamiento, según consta en la resolución del Ararteko, difundida este jueves por la institución, respondió que la finalidad del dispositivo no fue el desalojo del inmueble -que no se produjo- sino la identificación de las personas que se encontraban alojadas en él.

El defensor del pueblo vasco recuerda los compromisos institucionales vigentes en materia de atención a personas sin hogar y de inmigrantes, entre ellas la II Estrategia Vasca contra la Exclusión Residencial Grave 2024-2028, que reúne directrices de Naciones Unidas.

Destaca que estas directrices instan a los estados a "prohibir los desalojos forzosos e impedirlos siempre que sea posible". También cita el Pacto Social Vasco para la Migración, aprobado en 2019, que se compromete a "ofrecer recursos necesarios para una respuesta humanitaria adecuada a migrantes en situaciones de vulnerabilidad, con especial atención a mujeres, menores y víctimas de violaciones de derechos humanos".

A juicio del Ararteko, la actuación policial para identificar a las personas que se alojaban en el antiguo instituto de Martutene "no parece conforme al contenido de la II Estrategia Vasca contra la Exclusión Residencial ni con el despliegue del modelo vasco de acogida".

En sus conclusiones, el defensor del pueblo sostiene que la aplicación de la II Estrategia Vasca contra la Exclusión Residencial y del modelo vasco de acogida en el municipio de San Sebastián "exige el alineamiento y la colaboración y coordinación de todas las administraciones públicas vascas competentes, en la atención a la situación de las personas sin hogar".

"Las actuaciones policiales deberán coordinarse con el resto de las actuaciones previstas en la Estrategia para dar respuesta de manera integral a las necesidades de las personas sin hogar", ha añadido

 
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