Cuatro votos particulares cuestionan a la mayoría de la Junta Electoral vasca por dejar "impune" el veto de Vox a un periodista
Critican que la Junta vasca se haya situado “extramuros” y en contra del criterio “asentado y pacífico” del Tribunal Supremo y la Junta Electoral Central
Amaia Martínez y Santiago Abascal, en el acto de Vitoria en el que se vetó la entrada al periodista de El País / VOX
Vitoria-Gasteiz
La Junta Electoral del País vasco acordó la semana pasada archivar la denuncia presentada por El País contra Vox por impedir el acceso a uno de sus periodistas al hotel de Vitoria en el que el partido de Santiago Abascal siguió el recuento de votos durante la noche electoral de las elecciones vascas del 21 de abril.
El polémico acuerdo fue adoptado en una ajustada votación por seis a cinco e incorpora el voto particular de cuatro de los críticos, entre ellos, los del presidente y vicepresidente de este órgano.
Según dicho acuerdo, la mayoría de la Junta acuerda el achivo por dos razones:
Primero, porque los hechos denunciados "no están tipificados como infracción" en la legislación electoral.
Y segundo, porque "no existe precepto legal alguno que obligue a los partidos a admitir a medios de comunicación en sus actos electorales, de la misma manera que tampoco la prensa escrita está obligada a informar de los partidos" cuando no lo considera necesario.
De esta manera, llega a la conclusión de que la conducta de VOX es “atípica”, por lo que acuerda archivar la denuncia y descarta la opción de incoar un procedimento sancionador.
Réplica contundente
Dicho acuerdo incorpora cuatro votos particulares discrepantes, a cual más contundente.
Todos ellos reprochan a la mayoría de la Junta que se haya situado “extramuros” y en contra del criterio “asentado” y “pacífico” del Tribunal Supremo y de la Junta Electoral Central que, ante denuncias similares, habían resuelto a favor del denunciante y en contra de VOX, al considerar "discriminatorio" el veto, apercibiendo además a este último de que insitir en dicha actitud podría acarrearle "reponsabilidades administrativas e incluso penales".
Los críticos lamentan que el acuerdo deje “impune” la "reiterada desobediencia" de VOX. En su opinión, "no cabe interpetar la ley electoral", en refrencia tanto a la LOREG como a la Ley de Elecciones al Parlamento vasco, de manera que “propicie restricciones" o "pueda conducir a resultados lesivos” para la libertad de información.
Consideran que la Junta tenía "la obligación legal de actuar". "La tramitación era inexcusable", "había base suficiente" de la que nutrirse y concurrían "todos los requisitos legales" para ello y el archivo es fruto de un "análisis parcial y una conclusión precipitada".
El diario El País tiene ahora un mes para recurrir el archivo ante la Junta Electoral Central.
