El Ayuntamiento de Vitoria renuncia a cobrar una penalización de 178.000 euros a una empresa que no cumplió un contrato

Vitoria-Gasteiz

La empresa Nueva Terrain había llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento de Vitoria para comprar una parcela en Júndiz a la que iba a trasladar su actividad. Lo hizo a través de un contrato de compraventa con GILSA, la sociedad municipal que se encarga de gestionar el suelo industrial en Vitoria. Pero tiempo después decidió dar marcha atrás. Sus planes cambiaron y Nueva Terrain decidió quedarse en su actual ubicación, también en Júndiz.

El contrato firmado con el Ayuntamiento incluía una cláusula con una penalización equivalente al 10% del valor de la parcela en caso de ruptura del contrato por parte de la empresa, como así había ocurrido. La cantidad asciende a 178.000 euros según han informado fuentes municipales pero GILSA ha decidido no aplicarle esa cláusula porque considera que no existe una "actitud rebelde" de la empresa y que se ha visto afectada por "circunstancias sobrevenidas". La empresa había reclamado que no se le aplicara la penalización y GILSA ha accedido.

La decisión se ha adoptado en una reunión reciente de GILSA pero no todos los miembros del consejo de administración mostraron su apoyo. A favor votó el grupo municipal del PP y los representantes de SPRILUR - la sociedad del Gobierno vasco que cuenta con un 43% de las acciones de GILSA-, el PSE -que preside GILSA- se abstuvo y en contra votaron EH Bildu, PNV y Elkarrekin.

Una historia ligada a Urteim

La historia de Nueva Terrain está ligada a Urteim, la empresa de Juan María Uriarte, el empresario de los locales de la polémica manzana de San Prudencio que falleció el pasado año. La originaria Terrain era propiedad de la familia Uriarte pero se desprendieron de ella hace varias décadas, eso sí, Juan María Uriarte se quedó con la propiedad de las instalaciones de la fábrica y el taller de troquelería que están a nombre de la sociedad Urteim. Uriarte era el casero de las instalaciones de Nueva Terrain.

A lo largo de los años, las relaciones entre el casero y los inquilinos se fueron deteriorando hasta el punto de que los nuevos dueños de la empresa decidieron que la mejor opción era trasladar su actividad en la calle Paduleta a otro punto de Júndiz. Y llegaron a un acuerdo con el Ayuntamiento para comprarle una parcela pública.

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Pero la muerte de Juan María Uriarte cambió el curso de los acontecimientos. "En este estado de cosas, se ha producido el desgraciado fallecimiento de Juan María Uriarte, momento en el que los representantes de su sociedad URTEIM (...) decidieron ponerse en contacto con nosotros a fin de negociar la transmisión" de la fábrica y el taller de troquelería , explicaba Pedro Larrucea, el presidente de Nueva Terrain en una carta enviada en septiembre pasado al Ayuntamiento de Vitoria.

"Tales negociaciones han llegado a buen puerto, habiéndose celebrado los oportunos contratos de compraventa", informaba Nueva Terrain al Ayuntamiento. Pero, en ese momento, la empresa tenía un contrato firmado con GILSA y Nueva Terrain anunciaba al Consistorio que se veían "obligados a la paralización de la construcción de la nueva fábrica". "Nos vemos en la necesidad de solicitarles la resolución del contrato de compraventa que con ustedes tenemos suscrito".

Y añadía la siguiente petición: "Les rogamos tengan a bien considerar la no aplicación de la cláusula penal indemnizatoria pactada". Los 178.000 euros, obligados a pagar por romper el contrato con el Ayuntamiento. La empresa defendía que actuó de "buena fe" y no se podía considerar que hubiera detrás intereses especulativos. Nueva Terrain añadía una lista con los gastos en los que ya había incurrido para su traslado a la nueva ubicación: 145.108 euros.

"Le rogamos que tengan a bien estimar que la conducta de Nueva Terrain no ha sido rebelde al cumplimiento de lo pactado, sino motivado por circunstancias sobrevenidas y que además no representa un daño patrimonial para GILSA", concluía la rogativa enviada al Ayuntamiento de Vitoria.

"No existe actitud rebelde" de la empresa

Y GILSA lo ha aceptado. No sin un fuerte debate interno entre quienes asumían los argumentos de la empresa y quienes consideraban que el 'perdón' era un mal precedente. En un primer momento, a finales del pasado año, GILSA decidió encargar un informe jurídico para saber si podía dejar de aplicar la penalización.

Ese informe ha concluido que "el Consejo de Administración tiene la capacidad de decidir discrecionalmente las condiciones en las que aceptar la resolución del contrato". El informe utiliza las mismas expresiones que la empresa: "no existe actitud rebelde al cumplimiento de las obligaciones asumidas", sino "circunstancias sobrevenidas que recomiendan no acometer la inversión".