La alianza verde PNV, PSE y EH Bildu aprueba la Ley contra el Cambio Climático de Euskadi
La norma obligará a las empresas eólicas y solares a pagar un canon por los parques desde el 1 de enero de 2025
Mikel Otero y Arantxa Tapia se abrazan tras aprobarse la ley en el pleno del Parlamento vasco / JOSU CHAVARRI
Vitoria-Gasteiz
El Parlamento vasco ha aprobado este jueves la Ley de Transición Energética y Cambio Climático, que entre otras novedades impondrá desde el 1 de enero de 2025 un canon a las empresas que instalen parques de energías renovables en Euskadi.
El acuerdo alcanzado entre PNV, PSE-EE y EH Bildu se ha visto reflejado en las votaciones y la norma ha salido adelante con el aval estos grupos, que cuentan con 62 de los 75 parlamentarios del legislativo autonómico.
El resto de formaciones -Elkarrekin Podemos-IU, PP, Vox y Ciudadanos- han rechazado esta ley que es una de las cuatro que el lehendakari, Iñigo Urkullu, considera necesario aprobar en lo que resta de legislatura, antes de que se celebren las elecciones autonómicas, todavía sin fecha.
Las consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, ha salido a la tribuna de oradores para subrayar que hoy es un día muy importante porque se ha logrado "una buena ley" que ha sido elaborada de "manera inteligente y posibilista" por los tres grupos que la apoyan.
"La ley de hoy es mejor que el proyecto inicial gracias al trabajo de los tres grupos. Está llena de ambición y al mismo tiempo impulsada desde el realismo. La debemos adaptar a nuestra situación, con voluntad y responsabilidad", ha defendido.
Oportunidad para la industria vasca
Desde su partido, el PNV, el parlamentario Unai Grajales ha subrayado que la ley es un comienzo para avanzar "decididamente hacia la descarbonización de Euskadi", al tiempo que ha opinado que la transición energética supone "una gran oportunidad para la industria vasca".
El socialista Alberto Alonso se ha felicitado porque los tres grupos han "dado la vuelta al borrador inicial" para lograr una ley que es una "herramienta integral que fija la hoja de ruta" institucional contra el cambio climático.
Por su parte, Mikel Otero (EH Bildu) ha incidido en que se trata de una "buena ley" que, aunque podría ser "más ambiciosa y concreta", es fruto de un proceso de negociación que ha acabado en un texto que ha definido como un "mínimo común denominador" para la transición energética.
David Soto (Elkarrekin Podemos-IU) ha reconocido que la ley se ha mejorado en el trámite parlamentario, pero ha precisado que no comparten un texto en el que no se recogen sus enmiendas y en el que se incluye el canon a las renovables que, a su juicio, servirá para "blanquear" estas instalaciones en lugares "donde ahora parecen inasumibles".
La popular Murial Larrea ha considerado que es una "mala ley" que además "no se va a poder cumplir" y que abocará a la sociedad vasca a "una crisis de competitividad", al tiempo que ha acusado a PNV y PSE-EE de elegir de "compañeros de viaje a quienes siempre les llevan al extremo", en referencia a EH Bildu.
Por último, Amaia Martínez (Vox) ha apuntado que la norma es "un ejercicio de hipocresía política revestido de postureo climático", mientras que José Manuel Gil (Ciudadanos) ha dicho que se trata de una "ocasión perdida".
Un canon para la renovables
Una de las principales novedades de esta ley que entrará en vigor es el canon anual a pagar al Ejecutivo autonómico a partir del 1 de enero de 2025 dirigido a las instalaciones que produzcan más de 5 megavatios de potencia. Su cuantía dependerá de la fuente de energía utilizada.
En el caso de las solares estará vinculado a las hectáreas de ocupación (unos 700 euros al año por hectárea) y en eólica a la potencia y número de aerogeneradores (entre 3.000 y 5.000 euros por aerogenerador).
Lo recaudado se destinará a financiar actuaciones socioambientales en los municipios y comarcas afectadas.
Fin del capital público en hidrocarburos
Además, estas compañías estarán obligadas a ofertar al menos el 20 % de la propiedad de sus proyectos a los habitantes, empresas e instituciones de los municipios en los que se vayan a instalar.
La norma establecerá además que para el año 2030 como tope el Gobierno Vasco deberá desprenderse de su activos públicos vinculados a la exploración y explotación de hidrocarburos y a la quema de combustibles fósiles para generar energía.
El dinero que reciba por esa transacción se invertirá en el Ente Vasco de Energía para que esta entidad lo invierta en renovables.
La ley incluye además la obligación de que el Gobierno Vasco destine al menos un 2,5 % de sus presupuestos a la acción climática, así como que para el año 2030 el 32 % de la energía en Euskadi provenga de las renovables.
