Treinta empresas del transporte escolar desafían al Gobierno vasco y mantienen el plante

Vitoria

Los operadores que hoy no han cumplido la orden del Departamento de Educación de prestar el servicio de transporte escolar para los centros educativos públicos en Bizkaia y Álava han considerado la orden que les obligaba a ello de "desproporcionada, incomprensible e ilegal", y han dicho que incluso puede incurrir en un "abuso de poder".

Los abogados Miguel Zulaica y Guillermo Sainz han comparecido ante los medios de comunicación en Vitoria para explicar las razones por las que estos transportistas, la mayoría pequeñas empresas familiares "con compromiso social", han dicho, han decidido no prestar el servicio en Bizkaia y Álava, fundamentalmente.

Han pedido comprensión a padres y alumnos ante la respuesta a lo que consideran un "atropello" y han dado a conocer que ya se han presentado ante el Gobierno Vasco una treintena de recursos a la orden, en los que solicitan medidas cautelares.

Suspensión cautelar

Zulaica ha explicado que al solicitar la suspensión cautelar de la orden los operadores están "legitimados jurídicamente a no salir", una situación que según han augurado se va a mantener en el tiempo hasta que haya una solución a la actual situación.

Sainz ha argumentado que la orden que obligaba a las empresas que dieron el servicio el curso pasado a hacerlo en este ha seguido un procedimiento "irregular" al no haberse comunicado individualmente a cada una de ellas la decisión, sin audiencia del afectado y con una "falta de argumentación jurídica".

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Tras considerar que estas son "infracciones muy graves", el portavoz de los operadores ha añadido que además no se puede considerar el transporte escolar como un servicio esencial porque cuando existen huelgas el Gobierno Vasco no lo incluye entre ellos.

Sainz ha recalcado que a la "falta de rigor" de la orden se añade que comunicar la obligación de prestación de un servicio tan "complejo" 48 horas antes de su inicio "impide a las empresas" darlo, cuando las leyes establecen que las prórrogas se deben comunicar al menos con dos meses de antelación.

Ha criticado que la orden establezca que las empresas deberán prestar el servicio de manera "ilimitada", por lo que si los operadores no recurren se podrían ver obligados a hacerlo "hasta que el Gobierno Vasco quiera" y con sus condiciones.

Además, ha advertido, para poder prestar el servicio las empresas deben disponer de las autorizaciones de las diputaciones o ayuntamientos porque si lo hacen si ellas cometerían una "infracción administrativa muy grave".

El portavoz de las empresas ha recalcado que en esas fichas técnicas deben figurar los recorridos, horarios y paradas pero también el número de alumnos que deberían transportar y que carecían de todos estos datos a día de hoy, fecha de inicio del curso.

Recursos

Zulaica ha recordado que los operadores tienen de plazo un mes para presentar un recurso administrativo y dos para uno judicial y se ha mostrado convencido de que van a ser más los que finalmente se hagan. Hasta el momento solo se han presentado en la primera vía.

Ha negado que sean cuestiones meramente económicas las que están detrás de este conflicto, sino que hay cuestiones "estructurales" como la falta de conductores o la reposición de vehículos.

Se ha preguntado por las razones por las que en casi 600 licitaciones que han quedado desiertas en otros ámbitos de la Administración el Gobierno Vasco no ha optado por la ejecución forzosa como en este caso y ha criticado la "falta de diálogo" del consejero Jokin Bildarratz, al que ha acusado de incumplir el "compromiso" de hace un año de analizar la situación con el sector para solucionar este problema.

Ha asegurado que en junio de este año enviaron al lehendakari, Iñigo Urkullu, y al propio consejero unas solicitudes de reuniones para que no ocurriera lo del año pasado, que se resolvió el conflicto de prestación de servicio la noche anterior al comienzo de curso, y que no han obtenido respuesta.

Por último, sobre la posibilidad de que Educación lleve a la Fiscalía lo que considera prácticas "sospechosas" y probablemente "ilícitas" de algunas empresas para no presentarse a los concursos, Zulaica ha afirmado que sus representados tienen una "tranquilidad absoluta" porque no han hecho "ninguna actuación ni práctica anormal en el mercado".