El acuerdo de las 1.000 viviendas de alquiler social, bloqueado después de que Urtaran haya puesto nuevas condiciones al Gobierno vasco

Vitoria

Después de 5 años de negociaciones parecía que, por fin, el convenio para levantar 960 viviendas de alquiler social en Salburua estaba a punto de cerrarse, pero de nuevo, y van unas cuantas veces, todo se ha vuelto a complicar y la firma del acuerdo entre el Gobierno vasco y el Ayuntamiento de Vitoria está en el aire. Ambas instituciones habían llegado a un acuerdo a finales de enero pero este viernes el Ayuntamiento ha enviado una nueva contrapropuesta al Gobierno vasco con nuevas condiciones que no habían sido acordadas.

Sobre las viviendas nuevas de alquiler social los obstáculos han quedado salvados. El Ayuntamiento cede suelos al Gobierno vasco para que levante 417 viviendas de alquiler social (de las 960 del convenio). Por otro lado, también se había acordado que el Ayuntamiento le iba a transmitir al Gobierno vasco la propiedad de 42 viviendas vacías en Bustaldea, en Aretxabaleta-Gardelegui para que el Gobierno vasco las rehabilitara y las pusiera al alquiler social.

Todo parecía cerrado, pero hoy el Ayuntamiento ha exigido al Gobierno vasco que esas viviendas municipales que Lakua va a rehabilitar -las 42 de Bustaldea más otras 20 nuevas en otros puntos de la ciudad- le sean devueltas por parte del Gobierno vasco a los 20 años. "Es absolutamente inasumible", ha explicado a la CADENA SER el viceconsejero de Vivienda del Gobierno vasco Pedro Jauregui.

"Nosotros no estamos haciendo viviendas sociales para ganar dinero, el Gobierno está haciendo una inversión social de 140 millones de euros, hay 9.000 unidades familiares que piden una vivienda protegida o social en alquiler y estamos en eso, y si vamos a hacer una inversión en vivienda es para incorporarlas al parque público y el Ayuntamiento lo tiene que entender, las tiene que ceder".

El Gobierno vasco defiende que incluso jurídicamente no pueden "rehabilitar gratis total un patrimonio" que no es suyo y señala que lo acordado era que el Gobierno vasco asumiera esas viviendas municipales para rehabilitarlas y ponerlas al alquiler social.

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"Tampoco sabemos bajo qué argumentos se plantea una devolución a 20 años cuando los alquileres sociales en ningún caso soportarían las inversiones que se van a hacer en esas viviendas". Unas viviendas que están muy deterioradas y en las que no se puede entrar a vivir, en algunos casos.

Desde el Gobierno vasco no entienden esta nueva posición "que no se había acordado". "Llevamos 5 años negociando y cuando habíamos llegado a unos acuerdos, a última hora de repente son todo problemas que no se habían planteado hasta ahora", dice Jauregui.