AMVISA incluirá clausulas en los contratos para poder romperlos por condenas por corrupción

El Consejo de Administración de AMVISA ha analizado este jueves el informe jurídico externo que avala la legalidad de los contratos suscritos por la sociedad municipal de aguas con Stoa, ya que están en ejecución y no pueden extinguirse, aunque hasta enero su administrador único fuera uno de los condenados en el Caso De Miguel, Sergio Fernández. Una vez que el informe juridico les ha dejado claro que los cuatro contratos suscritos con Stoa no se pueden extinguir, AMVISA mira al futuro y a que esto no le vuelva a ocurrir. Así que van a estudiar esta medida de prevención: una clausula en los contratos que permita romperlos si hay una condena firme. La presidenta de AMVISA, Marian Gutiérrez asegura que es legal y posible, aunque el abogado autor del informe les ha dicho que no se utiliza. AMVISA también va a trasladar la sentencia a la Junta de contratación pública del Estado por si el Supremo no lo ha hecho todavía y así pueda empezar a ver si Stoa incurre en prohibición de contratación pública. Los dos temas los llevarán próximamente a un Consejo extraordinario y Gutiérrez espera que se aprueben por unanimidad

El informe jurídico que ha analizado hoy el Consejo, al que tuvo acceso ayer, SER Vitoria, sostiene que las condenas penales firmes no afectan a la ejecución de los contratos si estos ya están formalizados. En el caso de AMVISA, de los cuatro suscritos con Stoa, dos están completados y otros dos en ejecución. El informe concluye que "los contratos que se han formalizado teniendo como administrador y adjudicatario a los condenados deben mantenerse vigentes hasta su extinción y cumplirse según sus términos. En los ejecutados no cabrá otra opción que el pago. En los que estén en curso se debe llevar a cabo su completa ejecución. No es posible resolverlos anticipadamente por esta causa". La prohibición de contratar solo afectaría a los momentos previos: presentación de ofertas y adjudicación y firma del contrato.

El informe del abogado recuerda además que AMVISA es una sociedad pública que se rige íntegramente por el derecho privado. Y añade que el Supremo no se ha pronunciado en la sentencia del caso De Miguel sobre la prohibición de contratar. Sergio Fernández fue condenado por los delitos de cohecho activo y falsedad en documento privado y cesó como administrador único de Stoa diez días después de ser condenado.