Visto para sentencia el juicio por corrupción de menores tutelados en Álava
La Fiscalía pide penas de entre 14 y 34 años de cárcel para los seis acusados que no han reconocido los hechos
Vitoria
El juicio por el caso de abuso y corrupción de menores en Álava ha quedado visto para sentencia este lunes, en una jornada en la que la Fiscalía ha pedido para los seis acusados penas de cárcel de entre 14 y 34 años y seis meses por delitos de corrupción de menores, abuso sexual, exhibición de pornografía ante menores y delitos contra la salud pública. Las defensas han pedido su absolución al afirmar que los acusados no conocían que eran menores y han solicitado como atenuantes la existencia de 'dilaciones indebidas' y 'reparación del daño'.
La Audiencia Provincial de Álava ha acogido este lunes la última sesión del juicio por estos hechos, que se produjeron en el año 2016 y que afectaron a siete menores de edad, dos de ellos tutelados por la Diputación Foral en el centro de Sansoheta (Álava).
El juicio comenzó la semana pasada con diez acusados por delitos de corrupción de menores, abuso sexual, exhibición de pornografía ante menores y delitos contra la salud pública. Durante la semana pasada, cuatro de los acusados reconocieron los hechos y alcanzaron un acuerdo con las acusaciones, por el que serán condenados a penas que de entre uno y trece años de cárcel.
Los otros seis acusados han continuado siendo juzgados, ya que mantienen que desconocían que las personas a las que pagaban por sexo y con las que contactaban a través de una web de adultos, eran menores. Las defensas han insistido en la jornada de este lunes en que los acusados no conocían que eran menores, lo que creen que les exime de los delitos. Además, defienden como atenuantes dilaciones indebidas y reparación del daño.
La Fiscalía ha solicitado penas para los seis acusados de entre 14 años y 34 años y seis meses, mientras que la acusación popular ejercida por la asociación Clara Campoamor ha pedido condenas de entre 30 años y seis meses, y de 47 años y 3 meses, ya que incluye el abuso de superioridad como agravante de los delitos de corrupción de menores y exhibición de pornografía ante menores. La Diputación Foral de Álava y del Consejo del Menor de Álava ejercen la acusación particular.
En la presentación de las conclusiones, la fiscal ha afirmado que los acusados compartieron con los menores contenido sexual y encuentros sexuales a cambio de dinero, y no comprobaron que fueran mayores de edad. 'Nadie tomó la más mínima precaución y la más mínima precaución es pedir el DNI', ha subrayado antes de asegurar que su aspecto físico era de unos 'críos'.
Además, ha destacado una de las fotos de los menores encontrada en algunos de los teléfonos de los acusados para señalar que es 'imposible' que se considere que esa foto corresponda a un joven de 18 años. También ha señalado que en las conversaciones de teléfono y por correo electrónico de los acusados con las víctimas el contenido era sexual, sobre prácticas sexuales y de los precios a pagar por ellas con 'verdaderos regateos'.
Asimismo, ha destacado el consumo de cocaína y hachís de los acusados con las víctimas, donde la droga era un 'suplemento' del precio por mantener relaciones sexuales. Asimismo, considera que no hay un 'mínimo arrepentimiento' por parte de los acusados, ni voluntad de colaborar con la investigación de los hechos.
La fiscal ha reclamado que las declaraciones de las víctimas sean tenidas en cuenta, así como la prueba documental, y ha señalado que 'todas las menciones de la defensa caen por su propio peso y carecen de base probatoria'. 'Las víctimas nunca quisieron serlo', ha asegurado, antes de pedir al Tribunal que vea este caso 'desde la perspectiva de unos chicos que fueron usados por los acusados para satisfacer su libido sexual, siempre a cambio de dinero'.
ALEGACIONES DE DEFENSAS
Por parte de la defensa, la abogada de uno de los acusados ha criticado que por parte de las acusaciones se haya 'dado por sentado' que solo con ver al joven con el que quedó su cliente quede acreditado que era menor de 16 años y ha asegurado que el acusado reconoció la cita porque 'no tenía conocimiento de que era menor'. 'A mi cliente no se le pasa por la cabeza que sea menor de edad', ha insistido.
El abogado de otro encausado ha defendido que en el juicio no han quedado acreditadas las acusaciones y solicita una sentencia absolutoria, y ha calificado de 'desproporcionadas' las penas que solicitan para su cliente, de entre 22 y cerca de 40 años de cárcel. Este ha utilizado el último turno de palabra para asegurar que se ha sentido 'engañado' y que 'jamás' pasó por su cabeza estar con un menor.
La letrada de un tercer procesado, por su parte, también ha criticado las penas 'elevadas' que se solicitan para su defendido, superiores a 29 años de cárcel, cuando cree que los hechos no han quedado acreditados 'de ninguna manera'. El acusado ha utilizado el último turno de palabra para asegurar que 'en ningún momento' fue consciente de que el joven fuera menor de edad y que, si lo hubiera sabido, no habría tenido relaciones sexuales con él.
El letrado de otro procesado ha afirmado que las conversaciones de teléfono móvil con uno de los menores se hicieron con su terminal, pero no era él quien las escribía, si no una 'persona sin papeles' que esos meses vivía en su casa y ha asegurado que 'el robo de cuentas de 'whatsapp' está a la orden del día', por lo que ha solicitado sentencia absolutoria para su defendido. El acusado ha utilizado su turno de palabra para insistir en el tipo de relación que mantuvo con tres de las víctimas.
El abogado de otro encausado ha pedido la absolución de éste porque considera que no ha quedado acreditada la comisión de los delitos y ha señalado que el acusado solo mantuvo un encuentro sexual a cambio de dinero con uno de los jóvenes y que su defendido 'tenía el convencimiento' de que tenía 18 años en ese momento.
Por último, el letrado de otro acusado ha señalado que en el momento de los hechos su cliente actuó 'en todo momento' con el convencimiento de que el joven con el que mantuvo relaciones sexuales era mayor de edad. En este sentido, el implicado ha utilizado su turno de palabra para insistir en que no sabía que era menor de edad y que incluso la semana pasada no se creía que en el momento de los hechos el joven no tenía cumplidos los 16 años, hasta que le mostraron el DNI del menor. INFORMES PERICIALES
La jornada ha comenzado con la declaración como testigo de un ertzaina que analizó el contenido de los teléfonos móviles de acusados y víctimas, así como de los psicólogos y trabajadores sociales que elaboraron los informes periciales tras estar con las víctimas.
Los expertos han sido preguntados por la situación de dos de los menores, y han destacado la situación de vulnerabilidad de uno de ellos, que 'no tenía capacidad para medir las consecuencias de sus actos por su edad' --15 años--, y que los llevó a cabo para 'conseguir dinero'.
No obstante, han indicado que en el caso de otro de los menores, el objetivo de sus prácticas era 'explorar su sexualidad mediante las redes sociales', sin darse cuenta de la 'situación de asimetría con los acusados'.
Además, aunque inicialmente declaró que no tenía 'sensación de ser violentado', cuando su entorno le advirtió de que no era una conducta 'normalizada', le hizo ser consciente de que 'no eran relaciones de igual a igual', y de los riesgos que estaba tomando con las mismas. Por ello, desarrolló sentimientos de culpabilidad por la repercusión de sus actos en sus padres.
Asimismo, han señalado que 'ambos creían que eran capaces de poner límites sobre las personas que les están agrediendo', ya que ante la 'relación asimétrica' que mantenían con las personas que les pagaban por mantener relaciones sexuales, consideraban 'tener el control' porque recibían dinero, obtenían un beneficio económico.