Una clínica de Vitoria recurre a la Justicia ante la negativa de la Ertzaintza a prohibir los escraches antiabortistas
Las concentraciones han vuelto a Askabide a pesar del cambio legal que se aprobó para evitar estas protestas intimidatorias
Los antiabortistas retomaron el miércoles las concentraciones frente a la clínica / ASKABIDE
Vitoria
Los responsables de Askabide, una clínica privada de Vitoria en la que se practican abortos, se han cansado de la pasividad de la Ertzaintza y han decidido recurrir a la Justicia para desterrar definitivamente los escraches antiabortistas que en los últimos días han vuelto a este centro sanitario.
"Da cansancio y pena. Hay una ley que dice lo que dice. Vamos a abrir diligencias porque hay lagunas y ahora mismo con la policia no podemos solucionarlo" lamenta Naroa Iturri, responsable de Askabide.
Las concentraciones habían cesado tras el cambio en el Código penal aprobado en abril para impedir este tipo de protestas. Sin embargo, el pasado miércoles, coincidiendo con el día mundial por el acceso al aborto legal y seguro, los antiabortistas retornaron a la acera de enfrente de este centro sanitario. El jueves y el viernes repitieron. Askabide recurrió a la Ertzaintza, pero sin éxito. La denuncia quedó en nada.
"¿Pero qué es coartar? ¿qué se pongan ahí con un cartel? ¡pero si no hacen nada!" fue la respuesta que consiguieron de la Ertzaintza, según relata esta directiva de Askabide a la Cadena SER.
Hemos preguntado en el departamento de Seguridad y nos recuedan que "la ley no prohibe las concentraciones, si no el acoso" y la Ertzaintza no ha apreciado en los antiabortistas la "coacción evidente" que si denuncia Askabide. Se subraya para descartar el acoso que estas personas están en la acera de enfrente a una cierta distancia de la clínica, con carteles, en silencio o rezando, pero el artículo 172 modificado sanciona como delito "los actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben la libertad".
Así que, tras el fiasco policial, Askabide ha decidido solicitar medidas cautelares en un juzgado de Vitoria para conseguir que un juez ponga coto a lo que la Ertzaintza no encuentra motivos para pohibir.
