"Nos lo quitaron todo"

Pamplona

"Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado. Desde luego serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades o sindicatos no afectos al movimiento, aplicándoles castigos ejemplares a dichos individuos para estrangular los movimientos de rebeldía o huelgas". Con esa contundencia se manifiesta el general Emilio Mola Vidal, gobernador militar de Navarra en sus instrucciones para el desarrollo del golpe de Estado del 18 de julio de 1936. Mola, considerado como el director del golpe, lideró a partir del día siguiente de la asonada militar una represión exhaustiva en Navarra que se saldó con más de 3000 ejecuciones de personas "no afectas al movimiento". Pero la represión no se quedó en la eliminación física de personas.

El siguiente paso fue el ahogo económico de familias que no tenían sitio en la "nueva España" que la dictadura quería crear. Comenzó los primeros días del golpe con la incautación de sedes de partidos y sindicatos como la Casa del Pueblo del PSOE y la UGT en la calle Tejería de Pamplona, la de Izquierda Republicana en la Plaza del Castillo o la sede del periodico nacionalista La Voz de Navarra en la calle Zapatería. También se saqueó los hogares de muchas personas asesinadas e incluso se obligó a realizar "donaciones" de provisiones y materiales para los sublevados a comerciantes y productores considerados como sospechosos de no ser entusiastas del nuevo régimen.

Poco después, ese saqueo económico se institucionalizó mediante la Ley de Responsabilidades Políticas que recogía cuantiosas multas para personas con ideas que el nuevo régimen consideraba contrarias a él. El historiador César Layana, director del servicio de Documentación del Instituto Navarro de Memoria, ha recogido en su libro Expolio y Castigo, el examen de las 1086 denuncias que se registraron en Navarra por supuestas infracciones a esa ley. El 80 por ciento de esas denuncias acabó en condena, el porcentaje más alto en España. Los motivos de esas denuncias van desde haber pertenecido a partidos de izquierdas o a sindicatos a aspectos como leer prensa de izquierdas o, en algún caso, simplemente por su trayectoria vital. Layana llama la atención sobre el detalle de que la gran mayoría de ellas se refieren a acciones que cuando se produjeron, en la II República, era completamente legales.

Las cuantías de las multas llegaban hasta lo que hoy serían 100.000 euros y en la mayoría de los casos obligaban a la subasta de los bienes de las personas condenadas. Subastas que adjudicaban esas pertenencias por un tercio de su valor real.Un ejemplo de aquella represión es la historia de Pedro Lacabe y María Larraga. Él fue alcalde de Berbinzana hasta 1936. Cuando triunfa el golpe militar en Navarra huye de su casa y se oculta en un caserío en el campo. María, su mujer, embarazada, se queda en casa pero es de las primeras mujeres en ser represaliada. Luego pasará varias temporadas en la cárcel, en Pamplona y en San Sebastián mientras que sus tres hijos quedan al cuidado de familiares. Pedro consigue huir a Francia pero muere en Bidart en 1939. Con muchas penurias y la solidaridad familiar, María logra sacar adelante a sus hijos pero tardará mucho tiempo en volver a Berbinzana. Pedro Lacabe Larraga, su hijo mediano, con 19 años y viendo el futuro que se le presenta, decide irse a Argentina a buscarse la vida. No volverá hasta 1973, cuando, como cuenta su hija Marisa, "podía mostrar que la vida le había ido bien".

Historias como la suya tienen una difícil reparación material porque, como recalca César Layana, "mucha documentación catastral ha desaparecido".