Madrid tendrá que pagar 30 millones por reducir camas en el Puerta de Hierro

Madrid

La Comunidad de Madrid tendrá que pagar 29.705.262,20 euros por reducir de forma ilegal durante el mandato de la expresidenta Esperanza Aguirre 135 camas del hospital Puerta de Hierro de Madrid, lo que causó un daño de 10 millones de euros al erario público.

Fuentes del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso han confirmado a Efe la información de esta sentencia, adelantada por el diario El País.

Desde el Gobierno regional indican que de los 29 millones, 11.385.672,09, tal y como recoge la sentencia, corresponden al pago atrasado desde el año 2013 al 2021 y 18.319.590,11 a pagos a realizar desde 2022 hasta el fin de la concesión en 2035. Además, afirman que ya se han abonado los 11.385.672,09 euros.

El pasado mes de noviembre la Fiscalía Anticorrupción pidió imputar a Aguirre y al exconsejero de Sanidad Juan José Güemes por este asunto que investiga la titular del juzgado de Instrucción número 53 de Madrid a raíz de una querella de la propia Fiscalía Anticorrupción presentada a finales de 2020, una petición que la jueza rechazó.

La obra pública fue adjudicada por el consejero de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid mediante Orden de 18 de marzo de 2005 a la agrupación de empresas formada por Dragados S.A., Bovis Lend Lease S.A. y SUFI, que constituyeron la sociedad Hospital Majadahonda S.A.

El contrato se modificó en 2008 y las 135 habitaciones del citado hospital pasaron de ser dobles a individuales.

Según la Fiscalía, para justificar este cambio se invocó una resolución de 5 de mayo de 2008 dictada a requerimiento de la presidenta de la Comunidad de Madrid que no existió.

En su momento, denunció así "la ilegalidad radical de la reducción de las 135 camas hospitalarias llevada a efecto eludiendo cualquier procedimiento administrativo".

Sin embargo, la jueza rechazó esta petición al entender que el hecho de que Esperanza Aguirre Gil de Biedma, Juan José Güemes y Ana Sánchez Fernández fueran los máximos responsables de la Comunidad de Madrid, Consejería de Sanidad y del Órgano de Contratación en mayo de 2008 no justifica la atribución de la condición de investigado, como pretendía la Fiscalía.