El exedil Llorens niega irregularidades y deriva la responsabilidad de los proyectos en un técnico fallecido

Alicante

Segunda jornada ayer en la Audiencia Provincial del juicio por el presunto amaño en la adjudicación de obras del Plan E en 2009, por valor 7,3 millones de euros... Sesión marcada por la declaración del ex-vice-alcalde en la época de Sonia Castedo, el popular Andrés Llorens y por el testimonio de la exedil socialista, Carmen Sánchez Brufal, que fue la que llevó el asunto a Fiscalía.

En su declaración, Llorens ha derivado la responsabilidad sobre los proyectos en, aquel entonces, director de Atención Urbana, el técnico municipal ya fallecido Víctor López. Asegura que él firmaba todo lo que le daban sus técnicos porque se fiaba de ellos.

También dice desconocer que su hermano, Felipe Llorens, actuaba como "experto asesor" de BECSA y CCMS, las dos empresas supuestamente implicadas en la trama, para la instalación de contenedores soterrados. Y ha restado importancia a que trabajara además en la empresa que suministraba los contenedores a estas dos mercantiles.

Niega además que se produjeran hasta 6 reuniones entre el Ayuntamiento y responsables de BECSA, algunas incluso con la presencia de la alcaldesa Castedo, tal y como se recogen agendadas en la documentación intervenida a la empresa en los registros mercantiles. Encuentros que también ha negado uno de los jefes de obra de BECSA y acusado, Juan Manuel Valdivieso, en su declaración anterior a la de Llorens.

Tras la sesión de este miércoles, Llorens ha asegurado a Radio Alicante sentirse aliviado por poder defenderse tras más de 11 años y ha destacado que todas las obras investigadas pasaron el control municipal y también el del Ministerio de Administración Pública, responsable de los fondos del Plan E.

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Tras la declaración de los acusados, ha sido el turno de los testigos, entre los que se encontraban, la edil socialista Carmen Sánchez Brufal, que ejerce también como acusación popular. Explica que, en 2009, el PSOE recibió un anónimo advirtiendo de que el técnico José Lidón, uno de los cuatro acusados, habría montado una empresa tapadera y colocado a un falso administrador para obtener adjudicaciones municipales. Supuestamente, se trataba de CCMS.

En ese anónimo se advertía además de que la futura obra de reforma de la plaza de la Montañeta iba a acabar en manos de BECSA, que a su vez iba a subcontratar a CCMS. Algo que ocurrió unos meses después, por lo que Brufal decidió indagar y, tras comprobar que se podían haber cometido varias irregularidades, se lo trasladó en 2010 a la Fiscalía para que lo investigara.