La provincia de Zamora, a la cola a la hora de presentar quejas ante el Procurador del Común
Los zamoranos solamente presentaron 107 reclamaciones ante el Defensor del Pueblo de Castilla y León
![](https://cadenaser.com/resizer/v2/E2R2NA3DXBIPTBN3IESLIM7VXI.jpg?auth=da9014369a92e6c7f5d93c94e658e8cae5fdd4ea8d2e710123116b7295cab332&quality=70&width=650&height=487&smart=true)
El Defensor del Pueblo de Castilla y León, Tomás Quintana / Procurador del Común
![El Defensor del Pueblo de Castilla y León, Tomás Quintana](https://cadenaser.com/resizer/v2/E2R2NA3DXBIPTBN3IESLIM7VXI.jpg?auth=da9014369a92e6c7f5d93c94e658e8cae5fdd4ea8d2e710123116b7295cab332)
La oficina del procurador del común abrió en el año 2021 38.345 nuevos expedientes a colación de 2030 quejas y 44 actuaciones de oficio. Por provincias, Zamora está a la cola en número de quejas, con 107, solo por delante de Soria, poco más de un 5% en la comunidad.
Pero sí destacó en volumen de expedientes sobre quejas múltiples, a raíz de las dos reclamaciones que los vecinos de Litos presentaron sobre las deficiencias del transporte de viajeros y sobre el funcionamiento del centro de salud de Tábara, 889 quejas cada una de esas materias y solo la del transporte con positivo desenlace.
Por áreas temáticas, en el balance de la Defensoría, la Administración Local acapara el mayor porcentaje de las reclamaciones: ayuntamientos a los que también señala el Procurador del Común al identificar públicamente a las entidades no colaboradoras por incumplir su obligación de informar o por no contestar siquiera a las resoluciones y recomendaciones de esa oficina.
En el último año, solamente 3 consistorios de la provincia han sido incluidos en la primera lista por no informar al procurador en los asuntos para los que han sido requeridos: el de Fermoselle, Galende y Fonfría, por quejas relacionadas con obras y servicios de esos municipios. El de Galende, por distinto asunto (la pavimentación de una calle de Illanes), también se incluye en la lista de los ayuntamientos que no han hecho caso de las resoluciones del procurador, y junto a él, el de Cubillos, apercibido por la no convocatoria de plenos; y dos reincidentes, el de Vega de Tera, por el funcionamiento de su registro y por una solicitud de uso de locales municipales, y el de Mahíde, por la demanda de plenos y medios por parte de la oposición política y por el trámite de alegaciones contra la ordenanza de agua.