A juicio un vecino de Aranda por abuso sexual continuado contra una niña de siete años de su entorno familiar
Según el relato de la Fiscalía la menor sufrió al menos quince episodios de tocamientos durante dos años por parte de la pareja de su tía abuela, por lo que pide una condena de siete años de prisión
La policía encontró numeroso material pedófilo en el ordenador y el teléfono del acusado
Sede de la Fiscalía provincial de Burgos / Cadena SER
Aranda de Duero
El próximo 24 de enero se celebrará un juicio contra un vecino de Aranda que ahora tiene 46 años de edad acusado de haber abusado sexualmente de forma continuada de una menor de su entorno familiar desde que ésta tenía 7 años y al menos durante los dos años siguientes.
Hasta 15 episodios de tocamientos de sus genitales y órganos sexuales constata la Fiscalía en su escrito de acusación contra este vecino de Aranda, pareja de la tía abuela de la niña sobre la que presuntamente cometió estos abusos. En concreto se centra en dos de ellos, ocurridos durante las Navidades de 2014, cuando el acusado se las apañó para apartarla de la vista de sus primos con quienes estaba montando el nacimiento, para satisfacer con dichos tocamientos sus deseos sexuales. Otro episodio en el que se basa la acusación sucedió en la playa en el verano de 2016, cuando, tras regalar una tabla de surf a la menor y sus primos, aprovechó que estaban en el interior del agua para realizar los mismos tocamientos sobre la niña.
La Fiscalía insiste en que este tipo de episodios se producían también en numerosas ocasiones en la casa de la pareja del acusado, donde la menor quedaba al cargo de su tía abuela y en compañía de unas primas mientras su madre iba a trabajar. Según el relato del Ministerio Público en numerosas ocasiones y con ánimo libidinoso el acusado se las arreglaba para llevar a su víctima a solas a un cuarto de la casa o aislarla de sus primas para satisfacer sus deseos mediante tocamientos de sus partes íntimas.
Tuvieron que pasar cinco años, hasta el verano de 2019 para que la niña revelara a su madre los hechos y se interpusiera la correspondiente denuncia. Se da la circunstancia que durante las investigaciones policiales que se pusieron en marcha, en el registro domiciliario de la vivienda en la que habían sucedido los hechos según la denuncia, los agentes encontraron una videocámara acuática en cuya tarjeta de memoria se encontraron algunas fotos de la menor mientras se bañaba en la piscina. Paralelamente en el disco duro de un ordenador portátil encontrado en la misma vivienda se recuperaron archivos eliminados de numerosas imágenes que representaban a niños menores de edad participando en conductas sexuales explícitas, reales o simuladas o en las que se mostraban sus órganos sexuales. Tras el volcado y análisis del teléfono móvil del acusado, se comprobó que había realizado búsquedas de material pedófilo, accediendo a archivos donde aparecían niñas menores desnudas. También había rastreado jurisprudencia sobre las penas de los delitos contra la libertad sexual.
La menor denunciante sufrió durante los días posteriores a la denuncia y como consecuencia de los hechos referidos un cuadro de trastorno de estrés postraumático diferido por el que ha
estado en seguimiento psiquiátrico y psicológico en el Hospital de Burgos. El acusado está en prisión provisional desde agosto de 2019.
Estos hechos son, para la Fiscalía constitutivos de un delito continuado de abuso sexual contra una menor, así como otro de tenencia de pornografía infantil. Por el primero de ellos pide la pena máxima prevista para estos delitos, que es de 6 años de prisión, mientras que por la segunda solicita un año de prisión. También pide el ministerio fiscal que se condene a ocho y tres años de libertad vigilada respectivamente, se imponga una orden de alejamiento de 300 metros de la menor denunciante, así como una pena de ocho años de inhabilitacion especial para ejercer cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido, que conlleve contacto regular con menores. Se incluye además la petición de que el acusado tenga la obligación de participar en programas de reeducación en materia sexual que el Tribunal determine. En cuanto a la indemnización solicitada por daños morales causados a la menor la Fiscalía considera que el acusado deberá pagar 6.000 euros.
