Cambios en la Universidad

Albacete

Esta semana hemos conocido el relevo en el joven Ministerio de Universidades. El hellinero Manuel Castells, prestigioso intelectual e investigador de nivel internacional, ha cedido la cartera al no menos reputado Joan Subirats, militante antifranquista y reciente concejal barcelonés. El propio Castells ha cortado su experiencia marcada por una "oposición inaudita, desenfrenada y vociferante". Se ha hablado de su bajo perfil político y de todos es conocida su escasa aparición ante los medios, lo cual no quiere decir que no haya afrontado con ahínco su principal objetivo: la reforma de la Universidad española, por otro lado, tarea titánica que sólo puede llegar a buen puerto con la colaboración de todos los estamentos implicados, cosa que tampoco ha conseguido. De hecho, el nuevo responsable ya ha advertido que no aspira a resolver todos los problemas, y mucho menos por decreto, sino que llega para ayudar, impulsar y acompañar a las Universidades y los territorios que las sostienen.

¿Qué pasa en la universidad? ¿Tenemos un problema en su gestión o se trata también de politización de las instituciones? Parece evidente que hoy su apreciación social se ha devaluado si la comparamos con la que se tenía hace unos pocos lustros. Sin embargo, la calidad de nuestro sistema, más allá de lo que digan unos rankings muy peculiares de los que prefiero no hablar, está contrastada y sirve para formar a excelentes profesionales.

Admitamos que tenemos un sistema hipertrofiado por la elevada creación de centros y la falta de regulación al respecto: 50 instituciones públicas y 33 privadas. Castells se propuso regularlo con el argumento de que los campus de nueva creación deberían acreditar investigación y transferencia de conocimiento. Sin duda la clave es que sin investigación no hay universidad, pero el número de campus privados no deja de crecer. Además, quiso que dejaran de ser meras academias que sólo impartan docencia. Algo se ha descompensado porque en nuestros centros publicamos mucho, pero poco en colaboración con el tejido productivo y la sociedad. Tradicionalmente, los campus privados ocupan los peores puestos en recursos, publicaciones y calidad de su ciencia, y especialmente los online.

Las transformaciones sociales y económicas de los años sesenta, propiciaron la ampliación de la educación superior. La Ley General de Educación de 1970 reformó la educación en un intento de modernización dentro de la restricción de ideas y libertades políticas. La norma, represiva en lo esencial, impedía la libertad de reunión y expresión de los estudiantes e imponía un régimen disciplinario para garantizar ese ordenamiento. Su carácter antidemocrático, provocó el rechazo de los estatutos en toda la Universidad. El franquismo impidió el desarrollo activo de una sociedad crítica. Se proyectó en las aulas y campus universitarios una cultura política monocorde capaz de lograr el conformismo y la pasividad de la sociedad civil. En la Transición se produjo el anclaje de las universidades a los límites políticos y a las peculiaridades culturales de las comunidades autónomas. La Ley de Autonomía Universitaria defendía los derechos de libertad de cátedra y la autonomía universitaria. La de Castilla-La Mancha tuvo que esperar hasta 1985, no sin serios reparos del ministro Maravall, partidario de becar a los estudiantes de nuestra región antes de crear una institución que hoy da pleno sentido a la Autonomía y cuya existencia es un factor fundamental para el desarrollo económico, cultural y social. Los principales problemas tienen que ver con la financiación, escasa todavía, y la burocratización, lacra que constriñe su gran potencial. Tenemos que adecuarnos a los tiempos y optimizar la gestión para mejorar resultados, y aunque se reitera machaconamente su carácter endogámico es indiscutible la mejoría de las plantillas a pesar de la precariedad de algunas figuras contractuales. Pero queda mucho por hacer para evitar que la autonomía de la ciencia quede sometida al criterio de la política, y la rigidez y poder de los rectorados no dejan mucha libertad al reformador.