Inseguridad ciudadana

Albacete

Una alumna erasmus me comentó en clase que algunos familiares la habían tratado de convencer para no venir a Albacete. El motivo era la supuesta inseguridad que sufría nuestro país. ¡Difama que algo queda!, pensé yo. El caso viene a colación porque a base de repetir una mentira -Goebbels dixit- hemos llegado a creer que hoy en España la delincuencia campa a sus anchas. Sin embargo, los datos lo desmienten y nos ofrecen una imagen alejada de los niveles de criminalidad de muchos países de la UE. ¿A quién le interesa fijar en el imagino colectivo interno y externo que somos un país inseguro?

La sucesión de etapas de incertidumbre, agravadas por crisis de la envergadura de las dos últimas, nos ha dejado mayores dosis de inseguridad, incluso de miedo. En todo caso, se trata de una percepción subjetiva que dependerá de la situación en la que nos encontremos. El individualismo, el aislamiento y la desconfianza en los "otros" en un contexto de creciente desigualdad social pueden contribuir a agravar esa sensación. Si, además, se alienta torticeramente desde los medios de comunicación y las redes sociales podremos construir una realidad paralela, falsa, que haga irrespirable la convivencia.

Lejos queda, por suerte, aquella España que, tras la contienda civil, dejó malviviendo y recurriendo a la mendicidad o la delincuencia a miles de personas, lo que se reflejó en el aumento de los delitos contra la propiedad: en 1959 se abrieron en España 52.697 causas penales por este motivo: el 44% del total.

El orden público ha sido una obsesión en este país y en su nombre se han tomado iniciativas que nos han privado de derechos fundamentales o los han limitado. Durante la dictadura llegó a decretarse once veces el Estado de excepción, de tal manera que una manifestación "no autorizada" o fuera de los límites "permitidos por la autoridad" podía sancionarse con una multa de hasta 500.000 pesetas en 1959. Fue el germen del Tribunal de Orden Público que penaba con dureza cualquier actividad "perturbadora del orden público". El concepto de actos contrarios a dicho orden era amplio e incluía los paros colectivos en empresas, cualquier iniciativa que provocara tumultos en la vía pública, desobedecer a las autoridades y las manifestaciones ilegales o que produjeran violencia. Asimismo, otorgaba competencias a los gobernadores civiles y fuerzas de seguridad franquistas para detener a quienes cometiesen o intentaran cometer cualquier acto considerado contrario al orden público. Irrumpir en un domicilio sin orden judicial era un proceso rutinario. De hecho, esta normativa dio cobertura legal a las prácticas sistemáticas que la policía utilizaba y se convirtió en un instrumento de la dictadura que militarizaba el orden público.

En 2015 el gobierno Rajoy aprobó la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza. Entre otras cosas, establecía un régimen sancionador, que contempla multas hasta de 600.000 euros; graves hasta 30.000 euros; y leves hasta los 600. También incluía las devoluciones en caliente, la sanción de las manifestaciones frente a Congreso y Senado, hacer fotos o vídeos a los policías, el botellón o parar un desahucio. La iniciativa no respondía a una demanda de los cuerpos de seguridad del Estado. El gobierno quería blindarse ante el creciente malestar social. Realmente se quiso criminalizar la protesta y disuadir con medidas burorrepresivas. Ahora que se plantea su abolición, algunas asociaciones policiales se han quejado por la supuesta inseguridad que podría generarles en situaciones puntuales como la elaboración de los atestados, la limitación del uso de material antidisturbios, la grabación de los agentes o las condiciones de las identificaciones.

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¿Estamos ante una situación forzada y añoramos tiempos pasados?