La fiscalía pide 3 años de prisión por grabar un desahucio

Albacete

Causa estupor observar cómo se utiliza a veces la ley penal para amordazar a quienes no comulgan con el discurso oficial, incluso en un país como el nuestro, con una Constitución democrática (tantas veces citada, tantas veces manoseada). En su Preámbulo puede leerse: La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de establecer una sociedad democrática avanzada.

Un buen día, una familia jovencísima e indigente no puede hacer frente al alquiler de la vivienda y es expulsada sin remisión, arrojada a la calle por un puñado de euros, así reviente el bebé que se cría en ella. Los poderes públicos sólo actúan entonces para garantizar la expulsión, no del claustro materno sino del habitáculo. Una Comisión del Juzgado se persona (sarcástica acepción, por cierto) y ejecuta el desahucio.

A veces, grupos de vecinos protestan por ello, se manifiestan pacíficamente e incluso tratan de que no se lleve a cabo sentándose en la puerta u obstaculizando de cualquier modo la tarea "oficial". ¡¡¡Cuidado!!! Ese comportamiento puede ser tachado de "resistente", porque la pasividad no exime de que pueda castigársele penalmente por faltar al respeto o la consideración debida a la autoridad...El cerco se estrecha.

Pero ay de aquel que, en un alarde de audacia, quiera grabar lo que está pasando, porque podrá caer sobre él todo el peso de la ley, quiero decir las tablas sobre su cabeza, si da con la fiscalía de Guadalajara, que le tiene reservado un cóctel penal cuyo componente principal es una acusación por revelación de secretos y una petición de 3 años de prisión....¿ciencia ficción? No, estricta aplicación de la ley: dura lex, sed lex, como sugiere el aforismo latino. A ver: ¿cómo se puede cometer un delito como ese a la luz del día?...supuestamente, porque se identifica a las personas que intervienen. Ah! pero se trata de funcionarios públicos que actúan en el ejercicio de su función, algo parecido a los policías, cuya grabación permitió el Tribunal Constitucional hace un año, declarando que no era constitucional su prohibición.

Pues eso mismo debía suceder ahora, es decir que la Fiscalía cumpla su función constitucional de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos, y que no actúe en sentido contrario, aherrojando al joven que graba lo que pasa en la calle para denunciarlo, tenga o no razón, que nuestra democracia avanza a base de conductas que intentan devolvernos el sentido común democrático, perdido a veces entre intereses muy poco saludables.

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