La cadena hotelera que gestionará Punta Arabí pide a los Juzgados una orden de desalojo

Ibiza

La cadena hotelera MIJ, que gestionará a partir de ahora el complejo turístico de Punta Arabi tras llegar a un acuerdo con la propiedad, ha pedido en los Juzgados de Ibiza un orden de desalojo del establecimiento ocupado desde hace meses y donde todavía se encuentran un centenar de personas viviendo en alguno de los 385 bungalows.

José Oriola, abogado que representa a la cadena, afirma que es urgente que todos los inmuebles queden libres porque tienen que entrar los trabajadores para las obras de rehabilitación que deben llevarse a cabo.

Oriola dice que no se negociará acuerdo económico alguno con los ocupantes y confía en que haya un pronunciamiento judicial en un plazo de 48 horas. A la espera de esa resolución judicial lo que se ha hecho ha sido contratar los servicios de la empresa Desokupa, que ha establecido controles de acceso desde el día de ayer para impedir que nadie más pueda entrar en el complejo y que los que salen del recinto tampoco puedan regresar.

Un operativo que incluye decenas de personas, dice Daniel Esteve, director operativo de la empresa, el mayor despliegue hecho hasta ahora en España ante una ocupación. Niega que se esté coaccionando o amenazando a nadie. En ese control no se ha permitido la entrada a la Cadena Ser, porque, según Esteve, la propiedad deja pasar a los medios afines.

Esteve dice que el trabajo por el que se les ha contratado ya está hecho porque han conseguido echar a 150 personas, la mitad de los apartamentos ocupados y han evitado que se repitan los saqueos que asegura se han cometido.

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El fundador de esta empresa afirma que tienen claro que no pueden entrar en una vivienda y echar a los ocupantes. Destaca que han realizado muchas otras acciones de desocupación en Santa Eulària y defiende la legalidad de esta actuación, Afirman que han hecho 7.322 hasta ahora sin condena alguna.

No saldrán sin orden judicial

Y las personas que han ocupado alguno de los bungalows de este complejo turístico afirman que no se irán hasta que no llegue una orden judicial. Todavía hay un centenar viviendo allí y denuncian que están secuestrados y se sienten amenazados.

Señalan que no son responsables de saqueo alguno y que habitan esos inmuebles familias trabajadoras con niños que ni siquiera pueden ir a comprar alimentos o recibir atención médica. De hecho, una ambulancia tuvo que entrar anoche para atender a una de esas personas.

En sus testimonios asumen que tendrán que salir porque están en una propiedad ajena , pero piden a las instituciones de las islas una alternativa. Aseguran que son trabajadores que no pueden pagar los precios de un alquiler en Ibiza.

Dicen también que cuando llegue la orden judicial estudiarán la estrategia a seguir y señalan que ya están recibiendo asesoramiento de diversos movimientos que luchan contra los desahucios en las islas.

Implicación municipal y críticas políticas

Los servicios sociales del Ayuntamiento de Santa Eulària se han puesto en contacto, vía telefónica, con algunas de los ocupantes del complejo turístico Punta Arabí que ya son usuarios de los servicios sociales municipales o que están en situación de especial vulnerabilidad, pero solo para ofrecerles información y asesoramiento porque, según explican desde el Consistorio, no pueden hacer nada más hasta que haya una sentencia firme de desahucio.

Mientras tanto, desde el PSOE han pedido más implicación del Ayuntamiento para ayudar a todos a encontrar una alternativa habitacional u ofrecerles ayudas que les permitan rehacer su vida en otra vivienda.

Los Socialistas de la Villa del Río también condenan los métodos, intimidatorios dicen, de Desokupa para tratar de desalojar el complejo. Hablan de amenazas, coacciones, agresiones físicas o verbales, como algunos de los métodos que utiliza la empresa en sus actuaciones.

Los Socialistas pedirán explicaciones en el pleno de este viernes al equipo de Gobierno sobre todo este asunto y los mismo harán desde Unidas Podemos, que también ha expresado su "repulsa" al desalojo y ha cuestionado su legalidad de que intervenga una empresa privada.

La formación ha considerado que "la situación de familias que ocupan el recinto debe resolverse principalmente con la actuación de los servicios sociales del Ayuntamiento y subsidiariamente por los tribunales y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y no con actuaciones cercanas a la intimidación por parte de una empresa privada".

También han señalado que "las cifras de ocupaciones de vivienda habitual o pisos de particulares son ridículas y el ordenamiento jurídico tiene suficientes herramientas para afrontar estos casos".